La reforma constitucional para autorizar la extradición de costarricenses, en caso de que sean requeridos por autoridades extranjeras debido a delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, fue dictaminada afirmativamente este lunes por la comisión especial de la Asamblea Legislativa a cargo de estudiar la propuesta.
De forma unánime, los legisladores acogieron el texto, tal y como fue presentado por la bancada oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), para modificar el artículo 32 de la Constitución política, el cual establece que “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”.
Con la modificación, se agrega la frase “salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”.
Óscar Izquierdo, presidente del foro legislativo, explicó que, en esta etapa del trámite, la decisión se limita a definir si se acoge o no la iniciativa, por lo que no se cuenta con la potestad de hacer cambios a la redacción, pese al interés de los legisladores de incorporar más delitos o la recomendación de la Procuraduría General de la República (PGR) de efectuar el cambio al numeral 31 de la Carta Magna, en vez de al 32.
Izquierdo indicó que los cambios quedarían en manos del plenario legislativo.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) también mencionó que no se ha recibido el informe solicitado al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, respecto a otros posibles delitos que se podrían incorporar a la reforma constitucional.
La Procuraduría concluyó, en un criterio sobre el proyecto de ley, que los diputados pueden efectuar la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses, sin necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente.
Extradición de costarricenses no violenta derechos fundamentales, afirma Procuraduría
El abogado del Estado declaró que no existe un derecho fundamental que garantice a los costarricenses el no ser extraditados del territorio nacional, además de que los redactores de la Constitución Política de 1949 nunca pretendieron impedir la aplicación de esta herramienta jurídica.
“Tampoco puede considerarse que la no extradición de nacionales sea un derecho humano, pues, a la fecha, ningún tribunal internacional o regional de derechos humanos lo ha reconocido como tal, y muchos países han modificado sus legislaciones para permitir la extradición de sus nacionales frente a la existencia de delitos de carácter internacional”, aclaró la Procuraduría.
Entre las modificaciones a analizar, se encuentra una moción propuesta por el exmagistrado Carlos Arguedas, a solicitud del foro legislativo.
Esta moción agregaría que se permitiría la extradición “con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes”.
