La Segunda Fiscalía Pena Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho informó que ha logrado recuperar restos óseos y elementos asociados de 11 personas, entre varones, mujeres y al menos dos niños, las cuales fueron víctimas de masacres perpetradas por militares durante el conflicto armado interno desarrollado en los años 80 al interior del país.
A través de la intervención arqueológica del Equipo Forense Especializado, la recuperación de los restos se efectuó en los pagos de Yanaorcco, Llamanniyocc, Misumachay e Hichocruz, pertenecientes al distrito de Putis, provincia de Huanta, Ayacucho. Esta zona ha sido considerada de alto riesgo en materia de seguridad.
Según la información proporcionada por la fiscal Karen Obregón a La República, consideró un éxito esta diligencia debido a la dificultad de acceso a la zona, a la escasa presencia policial y al factor climático. Para lograrlo, días previos, llevaron a cabo una difusión radial a través de 'Radio Amauta' y la mayoría de familiares de las víctimas pudieron acompañarlos junto con las autoridades locales.
El trabajo realizado por 4 arqueólogos, 2 fiscales y personal forense ha logrado la exhumación de 3 de las 38 fosas comunes a las que faltan acudir, cuyas intervenciones se retomarán en marzo del próximo año debido al clima. Lo que prosigue, tras la recuperación de los restos de las 11 personas, es que se realicen los análisis correspondientes para una correcta identificación.
El trabajo forense permitirá identificarlos junto a las fichas antemortem y así realizar la restitución digna a sus familiares. En caso de que los restos sean difíciles de analizar, se procederá con pruebas de ADN en conjunto con los parientes más cercanos.
Cabe resaltar que esta investigación proviene desde el 2015 y se tienen identificados al menos 184 agraviados por parte de perpetradores de las fuerzas militares y navales, y 41 presuntas fosas de entierro. Ante ello, la Fiscalía ha venido realizando la recopilación de información por parte de los familiares y se han establecido los planes de intervención forense según corresponda, con la expectativa de que sigan su curso y pueda retomarse el próximo año.
Entre los años del inicio del conflicto armado en la entonces comunidad de Putis y anexos, el comandante de la base militar de dicho sector convocó a la población que vivía dispersa, a fin de que se ubicara cerca de la instalación militar para protegerse de Sendero Luminoso. Sin embargo, entre los años 1983 y 1985, los militares reunieron a los comuneros y los ejecutaron, acusándolos de ser colaboradores del mencionado grupo terrorista.
Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los efectivos militares ordenaron a los varones a excavar un gran foso para construir una piscigranja e instalar sus viviendas. Pero luego los ejecutaron en ese mismo lugar, enterrándolos en fosas comunes.
