Las ciudades de más de 50.000 habitantes que en 2025 no tengan en funcionamiento las zonas de bajas emisiones (ZBE) que por ley están obligadas a delimitar no recibirán el año que viene ayudas para el transporte público colectivo. El Ministerio de Transportes prepara esta medida como una de las «penalizaciones» que a principios de año el ministro, Óscar Puente, anunció para los ayuntamientos que no delimiten zonas con tráfico restringido y que también se extenderá a los municipios de hasta 20.000 habitantes que superen los límites de contaminación, igualmente obligadas a crear ZBE.
Según apuntan fuentes de Transportes, las ayudas que el Ministerio reparte entre las ciudades para financiar el transporte público colectivo ya incluyen como requisito la obligación de tener un Plan de Movilidad Sostenible. El año que viene se dará un paso más y se añadirá la obligación de implantar zonas de bajas emisiones a las alrededor 150 ciudades que están obligadas a ello por la Ley de Cambio Climático.
En 2023, el Gobierno repartió 884 millones y en 2024, 784 millones para financiar el transporte público local. Han servido, por ejemplo, para financiar los descuentos del 50% en el precio del transporte público para viajeros frecuentes y la gratuidad del transporte en Canarias y Baleares. La cantidad de 2025, de la que no recibirán nada las ciudades sin ZBE, todavía no está determinada porque dependerá de unos Presupuestos Generales del Estado que siguen en el aire. De hecho, hace unos días el propio Puente señaló que España «se puede permitir» seguir el año que viene con unos presupuestos prorrogados, como este, si la situación política sigue sin permitir al Gobierno conformar una mayoría parlamentaria para aprobarlos.
En todo caso, penalizar de este modo a los ayuntamientos que el año que viene sigan sin zonas de bajas emisiones es un paso más por parte del Gobierno para hacer cumplir parte de una norma, de la ley de Cambio Climático, sobre la que la mayoría de los alcaldes llevan años arrastrando los pies para no aplicarla y delimitar zonas con restricciones de tráfico.
El pasado 30 de junio terminó el plazo de 18 meses que en diciembre de 2022 el Ministerio de Transición Ecológica dio a las 149 ciudades obligadas para poner en funcionamiento las ZBE. De momento, según el seguimiento del departamento de Teresa Ribera, solo hay una veintena que cumple y mientras Madrid acaba de empezar a multar por infringir sus ZBE, otros municipios siguen sin crearlas, sin terminarlas o sin multar por no respetarlas.
En este escenario, Puente anunció hace meses que habría «penalizaciones» para ellas, como esta de no asignarles fondos para transporte público, y estudia con Ribera cómo identificar y hacer recuento de lo que el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia, ha llamado «zonas de bajas emisiones fake«, porque existen pero no se aplican.
También desde hace meses, los ministerios de Transición Ecológica, como autor de la Ley de Cambio Climático, y de Transportes, como responsable del reparto de las ayudas, han venido advirtiendo de que los casi dos centenares de municipios entre los que se han repartido 1.500 millones en subvenciones de fondos europeos, no ya solo para ZBE, sino también para crear carriles bici o peatonalizar calles, tendrán de devolver las cantidades si no ejecutan las obras en plazo.
En muchos casos, el plazo termina a final de este año y Puente ya se reconoce que parte de esos fondos destinados a movilidad sostenible no se emplearán en los fines acordados y será necesario «reemplearlos» para no tener que devolverlos a Bruselas, tal y como dice el reglamento de las ayudas del Fondo Next Generation. Además, en Transportes advierten de que los ayuntamientos incumplidores no solo tendrán que devolver las cantidades no empleadas, sino que también tendrán que hacer frente a multas por incumplir la Ley de Subvenciones por unas infracciones que serán consideradas «graves» y que podrían doblar la subvención recibida.
