Amiga y amigo lector, en las últimas semanas, por no decir meses o años, hemos visto con preocupación cómo la falta de agua ha comenzado a afectar nuestras vidas diarias. Imaginen despertarse una mañana y descubrir que no hay agua para las necesidades básicas, o tener que cerrar un negocio porque el suministro de agua es inconstante e insuficiente.
Estas experiencias, que pueden sonar extremas, se están volviendo cada vez más comunes en varias partes de México. La ausencia de una política pública eficiente sobre el agua está llevando a consecuencias negativas que no solo afectan a las familias, sino también a la economía del país.
El sistema de agua en México se caracteriza por una administración fragmentada y desordenada, donde intervienen organismos municipales, estatales y privados. Esta falta de cohesión y coordinación dificulta la gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico. Por ejemplo, mientras que algunas ciudades tienen sistemas de agua manejados por entidades privadas, otras dependen de la administración municipal o estatal. Esta disparidad genera desigualdades en la calidad y disponibilidad del servicio.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene un papel de regulación, pero su alcance y efectividad están limitados por la falta de integración entre los diferentes niveles de gobierno y las entidades privadas.
La infraestructura del agua en México está gravemente deteriorada. Según la CONAGUA, aproximadamente el 40% del agua potable se pierde debido a fugas en las tuberías. Esto no solo representa una pérdida económica significativa sino que también afecta la disponibilidad de agua para las comunidades y las empresas. La falta de inversión en mantenimiento y modernización de la infraestructura es un problema recurrente. Según el Banco Mundial, México necesita invertir alrededor del 1% del PIB anual en infraestructura hídrica para alcanzar un nivel adecuado de servicio.
Aquí es donde surge la pregunta de siempre: ¿y si “privatizamos el agua”? La privatización del sistema de agua ha sido un tema controversial desde siempre. En otros países, la privatización ha mostrado resultados mixtos. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales, la privatización del agua ha mejorado la eficiencia y reducido las pérdidas, pero también ha generado críticas por el aumento de las tarifas.
En Francia, un modelo mixto de gestión pública y privada ha demostrado ser efectivo, combinando la eficiencia del sector privado con la supervisión del sector público. En México, privatizar el sistema de agua requeriría una serie de condiciones esenciales para asegurar que este proceso sea justo y beneficioso para la población.
Primero, es crucial actualizar y fortalecer el marco legal existente, creando un regulador independiente con la autoridad para supervisar la calidad del servicio, las tarifas y la protección del consumidor. Además, los contratos de concesión deben ser transparentes y competitivos, con auditorías regulares y mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de los estándares.
En segundo lugar, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales. Las licencias y concesiones deben otorgarse mediante procesos claros y abiertos, y se deben realizar auditorías periódicas para garantizar la adherencia a los acuerdos establecidos. La participación ciudadana en la supervisión y evaluación del servicio es igualmente importante para mantener la confianza pública.
Tercero, la infraestructura y el mantenimiento deben ser una prioridad. Las empresas privadas que participen en el sistema de agua deben comprometerse a invertir en la modernización y mantenimiento de la infraestructura existente, con planes de largo plazo que aseguren la sostenibilidad del servicio.
Además, las tarifas deben ser justas y accesibles. Es necesario establecer una estructura tarifaria que refleje los costos reales del servicio pero que también sea asequible para la población, implementando subsidios o programas de apoyo para los sectores más vulnerables.
La calidad y sostenibilidad del agua también son cruciales. Se deben establecer y cumplir estándares estrictos de calidad del agua, asegurando que las prácticas de las empresas privadas no comprometan los recursos hídricos a largo plazo. La sostenibilidad ambiental debe ser una prioridad para cualquier empresa que participe en el suministro de agua.
La privatización del sistema de agua en México no es una panacea, pero podría ser una herramienta poderosa si se maneja con cuidado, transparencia y un compromiso genuino con el bienestar de la población. La clave está en la implementación de un marco regulador sólido, la transparencia en la gestión y la participación activa de la ciudadanía. ¿Es el momento de un cambio drástico en nuestra política hídrica? Los leo.
