Cuenta atrás para la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana sin merma salarial impulsada desde el seno del Gobierno de España. Fue la propia ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la que ante la negativa de la patronal a realizar una propuesta acerca de la reducción de la jornada de trabajo por escrito, ha cogido el mando de la situación.
En síntesis, CEOE y Cepyme acusan al Ejecutivo español de imponer un "monólogo social" y rechazan cualquier ultimátum para llegar a un acuerdo con los sindicatos. Sin embargo, según Comisiones Obreras, el punto de fricción que ha impedido avanzar a la mesa bipartita, ha sido la intención de la patronal de compensar la reducción del tiempo de trabajo a través del incremento de las horas extra, que, recordemos, actualmente se encuentran en un máximo de 80 horas anuales.
Eso sí, Díaz advierte de que no se acometerá una "reducción de jornada fake". "Si la propuesta que hace el señor Garamendi es que aceptan reducir 37 horas y media a cambio de ampliar las horas extraordinarias a 150 horas, ya les digo yo que eso no va a ser posible".
En cualquier caso, es de vital importancia saber que en caso de que esta medida en materia laboral sin precedentes en nuestro país salga finalmente adelante -todo apunta a que así será- se fijará en 38,5 horas semanales para este año, mientras que, de cara al año que viene, será de 37,5 horas. Ahora bien, no son pocas las dudas que se plantean al respecto, especialmente entre los trabajadores a jornada parcial.
El borrador de la norma, al que ha podido acceder LA RAZÓN, indica que los empleados a tiempo parcial tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de esta norma. Asimismo, tendrán derecho al incremento proporcional de su salario, según proceda.
Asimismo, el documento específica que aquellos contratos a tiempo parcial que igualen o superen a la jornada máxima semanal prevista"se convertirán automáticamente en contratos de trabajo a tiempo completo".
La propia Díaz confesó hace solo dos semanas en una entrevista realizada en Televisión Española la importancia de controlar las horas efectivas que se trabajan. "Una cosa más importante será modificar el control horario, su digitalización, de manera que en tiempo real, la Inspección de Trabajo conozca las horas que ustedes hacen. La clave está en las irregularidades horarias que tiene España (...) Y esto se va a acabar", sentenció la también vicepresidenta segunda del Gobierno.
Dicho de otro modo, desde Trabajo se busca acabar con prácticas engañosas, por lo que la norma establecería que las empresas mantengan un registro diario de jornada, realizado por medios digitales, según se puede establece en el primer borrador de la norma. Además, pretende dar acceso en cualquier momento a la Inspección de trabajo y Seguridad Social a la base de datos recabados por los aplicativos de control horario, así como a los sindicatos con representación en la empresa.
En cualquier caso, desde 2019 el registro diario de la jornada de los trabajadores en España debe incluir el inicio y la finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. En la actualidad, la horquilla sancionado ra oscila entre los 1.000 euros y los 10.000. No obstante, con la aplicación de la reducción de la jornada de trabajo, podría conllevar una multa de 10.000 euros por cada incumplimiento en el caso más grave, informaron a LA RAZÓN fuentes de la Inspección de Trabajo.