La reducción de la jornada semanal máxima de trabajo hasta las 37,5 horas es un compromiso del acuerdo de gobierno pero a juicio del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, existe el suficientemente margen de flexibilidad como para permitir que las empresas puedan adaptarse a este cambio regulatoria y por tanto pueda hacerse a través de un acuerdo social «con aportaciones de todos». En medio de la tremenda polvareda levantada por el manifiesto de la semana pasada de Cepyme contra el intervencionismo del Gobierno en la gestión de las empresas, en gran medida por el tono con el que Yolanda Díaz ha afrontado la negociación sobre la reducción de la jornada, el ministro de Economía ha querido poner este lunes su granito de arena para reconducir la situación y propiciar un acuerdo amplio que permita, según sus propias palabras, «conseguir que esa reducción de jornada se haga de manera efectiva». La posición del Ministerio de Economía ha sido desde el primer momento que la reforma de la reducción de la jornada laboral debía hacerse con acuerdo con los empresarios y que había espacios suficientes de flexibilidad para hacerlo de modo que las empresas se puedan adaptar. Este lunes, durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press, Carlos Cuerpo ha precisado qué entiende el Ministerio como espacios de flexibilidad. "Tenemos que hacerlo ayudando a que las empresas se vayan adaptando", ha dicho el ministro, que ha especificado que esto implica, por ejemplo, que se dé cierta flexibilidad "en la implementación de la reducción de la jornada", que se reconozcan las especificidades que en este proceso de adaptación pueden tener las pequeñas y medianas empresas con menos margen quizá para implementar esa reducción de manera automática -una de las críticas de fondo realizadas por Cepyme-, teniendo en cuenta también la situación de las empresas que están prestando servicios a las administraciones públicas y que han firmado unas condiciones que igual les dificultan aplicar esa reducción de manera inmediata y previendo también la situación de las bolsas de horas en sectores que ya tienen a día de hoy una jornada laboral máxima inferior a las 38,5 horas previstas actualmente en la legislación. "Todo el mundo puede y debe estar en este acuerdo", ha asegurado el ministro, que también ha advertido que para que eso ocurra tiene que suceder que "la patronal se siente y contribuya" y se aleja de "declaraciones grandilocuentes como las que hemos escuchado la semana pasada", en relación al manifiesto difundido por Cepyme. Por otro lado, Cuerpo ha admitido que no alberga ninguna inquietud respecto a que la reducción de la jornada pueda tener un impacto negativo sobre la productividad en un país que ya presenta unos niveles reducidos de ese indicador vital para impulsar el crecimiento potencial de la economía. Por contra ha recordado que experiencias previstas en países como Francia o Portugal avalan que se puede hacer no solo no afectando a la productividad sino que incluso impulsándola y sin afectar a los salarios. Respecto a los temas pendientes que el área económica del Gobierno tiene en cartera, Cuerpo ha avanzado que la próxima semana el Ministerio de Economía llevará al Consejo de Ministros el Informe de Situación Económica que actualizará el cuadro macro del Gobierno, aproximando el crecimiento previsto para este año más al 2,5% que al 2% que se recoge actualmente en línea con el consenso de los analistas, y que sirve de base para la elaboración de los Presupuestos. El hito vendrá acompañado de la definición del techo de gasto presupuestario y presumiblemente de la senda de consolidación fiscal que marcará la hoja de ruta de la reducción del déficit del periodo 2025-2028, es decir, de lo que queda de legislatura. Todo apunta a que el Gobierno desoirá una vez más las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la institución creada a instancias de la Comisión Europea precisamente para velar por el rigor de la gestión presupuestaria en España, que en los últimos años ha solicitado en diversas ocasiones al Gobierno que una vez reinstauradas las normas fiscales europeas se tratara de negociar esa senda de reducción del déficit con el resto de administraciones públicas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera o incluso en una Conferencia de Presidentes, una negociación que con los tiempos avanzados este lunes por el ministro no parece posible. Carlos Cuerpo también ha expresado su deseo de que otra de las cuestiones pendientes, el relevo de Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España, pueda sustanciarse antes del próximo 18 de julio, fecha en que está prevista la reunión del Consejo del Banco Central Europeo (BCE) en la que la voz de España, representada por el Banco de España, no podrá oírse a menos que se designe al nuevo gobernador o gobernadora antes de ese día, ya que es este el que ostenta la representación y no se puede delegar en la subgobernadora en funciones, Margarita Delgado. El ministro ha aclarado no obstante que la subgobernadora puede ejercer en funciones la mayoría de las funciones del gobernador hasta el próximo mes de septiembre y que por tanto "no hay prisa" por designar al futuro gobernador. También ha priorizado el valor de que esa designación sea fruto de un proceso negociado con el principal partido de la oposición por encima de las urgencias para que haya gobernador antes del 18 de julio, aunque ha subrayado también que la designación es una potestad del presidente del Gobierno.
