El biólogo Miguel Delibes de Castro (Valladolid, 1947), presidente del Consejo de Participación de Doñana, ha presentado este lunes su dimisión al cargo que ostentaba desde 2013. La renuncia se produce a petición propia y en un momento pactado con Gobierno central y autonómico. Delibes se marcha una vez afianzada la paz política entre ambas administraciones, refrendada tras el pacto suscrito a finales de noviembre de 2023 tras casi dos años de choque a cuenta de la ley de regadíos que impulsaron el PP y Vox en el Parlamento andaluz para beneficiar a regantes ilegales de la Corona Norte del parque nacional.
El adiós de Delibes se ha formalizado este lunes minutos antes del inicio de la reunión del Consejo de Participación, antes de la cual ha recibido el reconocimiento por parte de Gobierno central y Junta de Andalucía. El prestigioso biólogo, uno de los máximos expertos en el lince, había amagado más de una vez con dejar el cargo, aunque finalmente lo ha hecho cuando el enclave natural ha superado las tormentas políticas que lo han azotado durante un par de años, aunque desde el punto de vista de la conservación atraviesa uno de sus momentos más delicados.
Presidente también de la Estación Biológica de Doñana entre 1988 y 1996, la figura de Delibes se alzó como una de las voces más contundentes en contra de la ley de regadíos defendida por PP y Vox. Tras no ser citado inicialmente a dar su opinión como experto en el Parlamento andaluz y ser invitado a última hora, cargó con toda la fuerza contra la norma que iba a regularizar regadíos ilegales que llevan años esquilmando el acuífero que alimenta a Doñana: “Es una ley desleal, frívola, irresponsable e inconsistente”.
En esos meses barajó la posibilidad de dar un portazo y dejar la presidencia del Consejo de Participación, al que consideraba que el Gobierno andaluz estaba ninguneando y que le llevó a reflexionar sobre qué sentido tenía su papel al frente de este órgano. Posteriormente, y ya con las aguas más calmadas, planteó la posibilidad de irse por edad y tiempo en el cargo, a lo que desde la administración se le instó a esperar un mejor momento.
Éste ha llegado ahora, cuando hace más de medio año del pacto, que no obstante volvió a vivir otro momento crítico cuando en febrero el Ejecutivo central amagó con paralizarlo por considerar que se producía una “legalización retroactiva” de suelos agrarios. El detonante fue la Ley de Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz, que modificaba la Ley Forestal de Andalucía colando de manera casi literal uno de los párrafos de la polémica proposición de ley de Doñana que se paralizó precisamente gracias a este acuerdo.
