El rechazo del Proyecto de ley para el fortalecimiento y modernización del Ministerio de Cultura y Juventud, cuyo propósito era modificar las competencias de algunas dependencias y concentrar el poder en una sola persona, representa un avance en el mantenimiento de la institucionalidad.
La inconveniente práctica centralizadora que nace en las entrañas de Zapote amenaza también al Minae, en el expediente 23213, denominado Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía, el cual busca entregar todas las decisiones al ministro y eliminar las capacidades de las instituciones desconcentradas, y hasta cierto punto su autonomía técnica, para trasladarlas a una figura eminentemente política, que incluso puede no estar profesionalmente preparada para aplicar cierto tipo de medidas.
En artículos de opinión anteriores he planteado que, de aprobarse el proyecto, se desmantelan instituciones técnicas que cuentan con funcionarios sumamente preparados en este campo.
El proyecto pretende limitar la desconcentración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), entre otros.
Nos enfrentamos a, posiblemente, tener que acatar decisiones tomadas con criterios políticos y motivadas por intereses que entran en conflicto, porque no se amparan en preceptos técnicos. Sería un paso atrás en la gobernanza participativa, especialmente en lo que a las áreas silvestres protegidas se refiere.
Una situación que he planteado y no podemos obviar es que el Sinac es una institución compleja y no es ajena a los vaivenes de la administración pública.
El crecimiento exponencial de sus responsabilidades mina sus capacidades técnicas y financieras, lo cual me hace coincidir en la urgente necesidad de que sea reestructurado y optimizado, pero con base en elementos técnicos consistentes y no con medidas intervencionistas de matiz político, nada convenientes en una institución que vela por una muy grande porción del territorio tanto continental como marítimo.
Fallos, dictámenes y sentencias en su contra prueban que las competencias agregadas lo han excedido, y de ahí la presión financiera y operativa sobre el Sinac.
Los diputados, así como rechazaron las aspiraciones del Ministerio de Cultura y Juventud, deben proceder con el expediente relativo al Minae y decantarse por caminos alternativos, apegados a un mayor análisis de los múltiples actores involucrados en la conservación, uso y manejo de los recursos naturales.
Para una eventual reestructuración del Sinac, debería conformarse una comisión de expertos, financiado con el millón del dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) da al país.
Con retos causados por el cambio climático, amenazas cada vez más notorias en las áreas protegidas, crisis en el manejo del recurso hídrico, fuertes presiones sobre los recursos marinos y la insistencia para llevar a cabo la exploración y la explotación de hidrocarburos, se requieren decisiones técnicas, científicamente sólidas.
El autor es especialista en gestión y manejo de áreas protegidas y restauración ecológica.
