La antigua cúpula del Gobierno socialista en Andalucía utilizó un mecanismo «indebido», cuando no «ilegal», para pagar ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el conocido como caso ERE . Diversos organismos que han examinado el programa de subvenciones para determinar la responsabilidad contable, civil o administrativa de quienes concedieron, consintieron o recibieron las ayudas durante una década, coinciden en su diagnóstico: hubo «arbitrariedad», «abuso» y una «grosera omisión» de los trámites más elementales en el manejo de los fondos públicos por parte de la Administración. La lista es extensa: el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Consejo Consultivo andaluz, la Intervención General del Estado, los interventores de la Junta de Andalucía, la Dirección General...
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