La Primera Fiscalía de Lavado de Activos busca que se le acuse constitucionalmente a Boluarte y al congresista Waldemar Cerrón por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
Mientras la presidenta Dina Boluarte se encontraba en China llevando varias actividades oficiales, su situación legal en Perú se complicaba rápidamente. Un informe fiscal sugiere abrir una investigación constitucional contra Boluarte y el congresista Waldemar Cerrón por presuntamente beneficiar al partido político Perú Libre a través de la legislación, de acuerdo a una investigación de Cuarto Poder.
El documento, que llegó al despacho del fiscal de la Nación en la avenida Abancay, detalla acusaciones de lavado de activos y ejercer influencia indebida en la promulgación de leyes, en la que apunta a una red transversal que conecta el Ejecutivo con el Congreso bajo la sombra de actividades ilícitas.
Según el informe de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, que ha investigado desde 2021 a figuras claves dentro de Perú Libre, como a Vladimir Cerrón, hermano de Waldemar y anterior tesorera del partido, Dina Boluarte. En este caso se identificó acciones que podrían haber obstaculizado investigaciones contra miembros del partido.
El informe fiscal menciona que estas figuras han utilizado su influencia en el gobierno para promulgar leyes que benefician directamente a Perú Libre, impidiendo o complicando las investigaciones en su contra. Estas leyes incluyen proyectos que buscan reconocer a los partidos políticos como asociaciones de interés público, lo que dificultaría que sean investigados como organizaciones criminales.
Una entrevista en 2021 con Boluarte resalta su cercanía con Vladimir Cerrón, en la que se muestra una relación que la Fiscalía no considera disuelta a pesar de las circunstancias legales de Cerrón. Durante un plenario del partido, Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, fue visto defendiendo leyes que potencialmente blindarían al partido contra investigaciones de crimen organizado.
El 10 de mayo de 2024, Waldemar Cerrón presentó y defendió con éxito una ley que reconocía a los partidos políticos como asociaciones de interés público, donde argumentó que no deberían ser criminalizados. Esta ley fue aprobada con amplio apoyo, a pesar de la oposición del Ministerio Público y el Colegio de Abogados.
La Fiscalía también ha puesto en tela de juicio la integridad de las opiniones ciudadanas usadas para apoyar la legislación de Cerrón, en esta descubrió vínculos de estos individuos con Perú Libre y otros investigados.
Mientras Waldemar Cerrón evita responder preguntas sobre estos asuntos, el fiscal Angel Astocondor, a cargo del caso, solicita que se abra una investigación formal, en la que acusa a Boluarte y Cerrón de encubrimiento personal y obstrucción de la justicia, en la que favoreció al partido político Perú Libre.
Uno de los proyectos de ley más destacados mencionados es el Proyecto de Ley 6084/2023 - CR, denominado "Proyecto de Ley que reconoce a los partidos políticos como asociaciones de interés público y su no criminalización". Este proyecto fue defendido por Waldemar Cerrón y aprobado por el pleno del Congreso.
La promulgación de esta ley parece tener el propósito de optimizar la democracia y establecer medidas contra la corrupción, según sus proponentes, pero la Fiscalía interpreta estas acciones como un intento de blindar a Perú Libre y sus miembros de investigaciones por parte de la justicia, el cual etiqueta al partido y sus actividades bajo un manto de legalidad que evita la caracterización de sus actividades como criminales.
