El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, promulgó la Ley HB 4156, una legislación que permite a las autoridades locales detener a inmigrantes indocumentados en el estado. La ley, que entró en vigor el 1 de julio, tipifica como delito la permanencia de personas sin estatus migratorio legal en Oklahoma y prevé sanciones que incluyen penas de prisión. Esta normativa se suma a una tendencia de políticas migratorias más estrictas en estados con gobiernos republicanos.
Desde su anuncio, la Ley HB 4156 ha suscitado reacciones diversas, incluyendo la preocupación del gobierno de México, que ha instado a sus ciudadanos a mantener la calma y respetar las leyes locales. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha expresado su inquietud y ha asegurado que presentará sus puntos de vista para contrarrestar la percepción negativa sobre la comunidad migrante.
La Ley HB 4156, impulsada por el republicano Jon Echols y firmada por el gobernador Kevin Stitt, introduce el concepto de "ocupación inadmisible". Este término se refiere al ingreso y permanencia intencional sin permiso en el estado de Oklahoma por parte de personas que no poseen la autorización migratoria correspondiente. La primera infracción de esta ley es considerada un delito menor, sancionable con hasta un año de prisión y/o una multa de hasta 500 dólares, además de la obligación de abandonar el estado en 72 horas. Una segunda infracción se clasifica como delito grave, con penas de hasta dos años de prisión y/o una multa de hasta 1000 dólares.
Además, la normativa prohíbe a cualquier municipalidad en Oklahoma declararse “ciudad santuario”, restringiendo así cualquier intento de protección local para los inmigrantes indocumentados. La Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma podrá recopilar y conservar datos de las personas detenidas bajo esta ley, cruzando la información con bases de datos estatales y federales.
Con la entrada en vigor de la Ley HB 4156, las empresas de Oklahoma deberán cumplir con requisitos más estrictos para verificar la elegibilidad laboral de sus empleados. Las empresas que contraten a un alto porcentaje de trabajadores inmigrantes podrían enfrentar sanciones económicas. Esta medida busca dar prioridad laboral a ciudadanos nativos o aquellos con permisos de trabajo legales o residencia, disminuyendo la presencia de inmigrantes indocumentados en el mercado laboral del estado.
La policía local de Oklahoma ahora tiene la autoridad para arrestar a inmigrantes indocumentados dentro de su jurisdicción, marcando un cambio significativo en la política migratoria del estado. Esta capacidad de detención incluye la obligación de los infractores de abandonar el estado en un plazo de 72 horas tras la primera infracción y la prohibición de reingreso en cualquier momento posterior.
La ley de Kevin Stitt ha sido recibida con críticas tanto a nivel nacional como internacional. Diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por el impacto de esta normativa en las comunidades migrantes. Argumentan que la ley fomenta la discriminación y criminalización de inmigrantes, afectando negativamente sus vidas y aumentando el temor entre las comunidades indocumentadas.
El gobierno de México, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, ha emitido un comunicado expresando su preocupación por la Ley HB 4156. La cancillería mexicana ha pedido a sus connacionales que no tengan temor y que respeten las leyes mientras llevan una vida normal. Además, el Consulado de México en Oklahoma City ha señalado que presentará los puntos de vista de México para contrarrestar la retórica negativa en torno a la comunidad migrante y subrayar la relevancia de México como un aliado estratégico de Estados Unidos.
Un alivio para los migrantes en situación irregular. El juez Bernard M. Jones suspendió la ley que criminaliza vivir en Oklahoma sin estatus legal, argumentando que otorga demasiado poder al estado y contradice la ley federal. El Departamento de Justicia (DOJ) demandó al estado en mayo por la ley que entraría en vigor en julio. El DOJ desafió la legislación HB 4156, afirmando que va en contra de la Constitución, ya que la regulación de las leyes migratorias corresponde al Gobierno federal. Además, el DOJ señaló que la ley ignora el "precedente establecido por la Corte Suprema".
Por ende, la incertidumbre generada por la polémica ley no sería aplicada en Oklahoma como había previsto Kevin Stitt, gobernador del estado.
