La bancada de Alianza Para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que replantea la forma en que se distribuye los fondos del financiamiento público de los partidos políticos representados en el Congreso a partir del 2026.
La iniciativa apunta a que la repartición del financiamiento dependa de la cantidad de congresistas que tenga cada grupo parlamentario durante la aprobación de la ley de presupuesto. El objetivo, según el texto, es fomentar que los partidos políticos eviten las disidencias y casos de transfuguismo.
La ley actual establece que la distribución de fondos se realiza de la siguiente manera: 40% de forma igualitaria entre todos las agrupaciones que lograron obtener representación en el Congreso y 60% de manera proporcional al número de escaños.
El proyecto de APP modifica el segundo punto debido a la alta cantidad de disidencias en los grupos parlamentarios de este Congreso.
Por ejemplo, Perú Libre es una bancada que llegó al Congreso con 37 legisladores y ahora tiene 11. Pese a que redujo su cantidad de integrantes, sigue recibiendo la misma cantidad de dinero y con parte de ello le pagaron un sueldo a su líder prófugo Vladimir Cerrón.
Otro ejemplo es Acción Popular. El partido de la lampa llegó con 16 integrantes y en la última legislatura llegó a tener 8 integrantes, debido a las divisiones internas. Otro caso es Podemos Perú: obtuvo cinco escaños y en su actual composición solo quedan tres parlamentarios con los que llegaron en 2021.
La iniciativa no toma en cuenta a los congresistas que se cambien de bancada, sino a quienes permanecen en su grupo con el que postularon en elecciones.
Podemos Perú es un grupo parlamentario que incrementó sus integrantes a 11, de los cuales solo tres fueron elegidos por esta agrupación en 2021. Los demás provienen de otras organizaciones.
Es decir, de acuerdo a la propuesta de APP, en la repartición del financiamiento público el fondo sería en base a sus tres parlamentarios.
El dilema es que esta propuesta de APP recién tendrá efectos para las agrupaciones que logren representación en el Congreso durante las elecciones generales del 2026, que, recordemos, será bicameral.
De tener vigencia para el actual Legislativo, terminaría perjudicando a los partidos de la coalición parlamentaria, como Perú Libre, Acción Popular y Podemos Perú.
Depende ahora de la Comisión de Constitución, que seguirá en manos de Fuerza Popular, avanzar con un dictamen. Como se trata de una modificación a la legislación electoral, debe aprobarse antes de la convocatoria a elecciones. El plazo máximo para darle luz verde sería abril del 2025.
El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, comentó que este proyecto de ley "podría funcionar como un pequeño incentivo para evitar el fraccionamiento de las agrupaciones que llegan al Parlamento, que ha sido una constante en los últimos 15 o 20 años, donde terminamos con muchas más bancadas que partidos que fueron elegidos".
"En principio, si esta es una medida que busca actualizar cada año el padrón, podría servir para mantener un poco la unidad. El problema no empieza ahí, dentro del Congreso. Esto también tiene que ver con las limitaciones de los propios partidos para reclutar cuadros y tener candidatos con trayectoria y con camiseta y lealtad al partido", agregó Awapara.
"Lo que vemos muchas veces es que los que son postulantes a cargos públicos con un partido tienen poco tiempo de afiliación y de compromiso con su partido. El problema de fondo empieza antes y esto sería como un parche", añadió.
El abogado en temas electorales José Naupari consideró que el dinero que no se entregue a los partidos políticos que perdieron integrantes en sus bancadas, no debe ser redistribuido en las otras agrupaciones que sí conservan sus miembros. "Ese sería mi único matiz", comentó.
"Es un punto intermedio, siempre se ha intentado implementar medidas destinadas a sancionar el transfuguismo y que premien la fidelidad de los candidatos. Desde esa finalidad, me parece razonable", agregó.
El proyecto de ley, en teoría, premia la fidelidad de los congresistas que siguen en sus bancadas. El autor principal es el congresista Roberto Chiabra y el texto lleva las firmas de los voceros Eduardo Salhuana y Lady Camones y otros colegas suyos.
Cabe precisar que Chiabra no es militante apepista. Se mantiene en la bancada, pero en paralelo forma su propio partido político para postular a la presidencia en 2026: Unidad y Paz, que se encuentra en proceso de inscripción.
Awapara observa que esta propuesta de ley puede generar también este tipo de escenarios: congresistas que se mantienen en sus bancadas para evitar que la agrupación pierda financiamiento público directo, pero no comulgar con la postura del partido. "Podría alentar que se mantenga la unidad formal, eso no impediría que una vez en el Congreso con el incentivo de no perder financiamiento, se mantenga una bancada artificial y que cada miembro vote bajo su propio criterio", explicó Awapara.
Las votaciones, a veces distantes entre Chiabra y APP, evidencian ese escenario.
