La muerte de Ricardo Kunchikui y el secuestro de César Ampush serían parte de las represalias de aquellos que insisten en la extracción ilegal de oro en esta zona de Condorcanqui. Afirman que leyes del Congreso agravan la situación, como por ejemplo la 'Ley Antiforestal'.
El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTTA) se pronunció en un comunicado sobre los últimos conflictos sociales en El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, derivados de la minería ilegal, como la muerte del comunero Ricardo Kunchikui y del secuestro del líder indígena, César Ampush, vicepresidente de Odecofroc, la tarde del sábado 6 de julio. Pidieron la intervención del Gobierno central.
El 3 de julio, el cadáver de Ricardo Kunchikui, poblador de Kusu Kubain y opositor de la minería ilegal, fue hallado en las orillas de la comunidad nativa de Tutino, con profundas heridas cortantes a la altura de la nuca, boca y mejilla izquierda, y antebrazo derecho, en un posible choque y enfrentamiento con mineros ilegales.
Al día siguiente, los comuneros y familiares de Kunchikui cerraron el pase del río Comainas, en El Cenepa, a la altura de la comunidad de Kanga, para impedir el escape y realizar la captura de los responsables del presunto homicidio.
El viernes 5 de julio 2024 llegó un escuadrón de la Policía al puesto militar Chávez Valdivia para investigar los hechos de la muerte de Ricardo Kunchikui y coordinar acciones de interdicción contra la minería ilegal en El Cenepa, junto con las autoridades ediles.
No obstante, el último sábado el vicepresidente de Odecofroc, César Ampusch Kuja, fue detenido y secuestrado con otros cuatro comuneros, quienes salieron de la comunidad Puerto Mori a Huampami, por vía fluvial.
Esto, para el recibimiento de la congresista Susel Paredes, quien el lunes 8 de julio tiene agenda de representación para abordar los temas de minería ilegal, violaciones sexuales de menores e incremento de VIH.
Uno de los motivos de la detención serían los acuerdos tomados en una asamblea sobre la indemnización a los deudos de Ricardo Kunchikui por parte de los sospechosos mineros ilegales, cuya acta fue también firmada por César Ampush, por lo que, presuntamente, fue detenido en represalia a esta medida. La mañana de este domingo, Ampush fue rescatado por Odecofroc.
Según manifestó el presidente de Odecofroc, Dante Sejekam, la turba, integrada por comuneros y mineros ilegales, estaría detrás del secuestro de Ampush, ya que vienen "exigiendo" en protestas a las organizaciones y autoridades locales que no les interrumpan el trabajo de sustracción de la minería ilegal en el sector Pagata del río Comainas.
Las manifestaciones ocurrieron por la oposición a la minería ilegal y por el cierre del trayecto fluvial a la altura de la Comunidad Nativa de Kanga, que les impide surcar sus embarcaciones, que les sirve para abastecer de insumos químicos y combustible para las operaciones de extracción del oro ilegal.
GTAA, consciente de la problemática que conlleva acciones ilegales como la minería ilegal, desde hace más de un año viene solicitando al Gobierno central y autoridades competentes, acciones inmediatas y efectivas de protección de nuestro medio ambiente.
De acuerdo a la organización, el Gobierno, a través del Ejecutivo y el Congreso de la República con el otorgamiento de permisos de extracción minera a través de los reinfos (registro de mineros informales en proceso de formalización) y a través de la aprobación de la denominada 'Ley Antiforestal', "está desatando la destrucción del ecosistema y los conflictos entre pobladores y foráneos dedicados minera ilegal, tala de bosques, así como a la contaminación de ríos sagrados".
El GTAA alza su voz de protesta en señal de rechazo e indignación por las desacertadas decisiones del Estado peruano, que vienen causando estos conflictos y muertes.
Finalmente, hacen un llamado "urgente" a los ministros del Interior y de Defensa, Fiscalía Ambiental, PCM, y a los actores implicados a declarar como "zona de emergencia" los sectores, Río Marañón, Río Santiago, Sector Tambo, Río Cenepa y Comainas. Y se establezca, de manera "permanente", las acciones de interdicción contra la minería ilegal, con recursos necesarios para ello, a fin de erradicar la contaminación ambiental y los conflictos sociales.
