Sin la ayuda económica que los ciudadanos y las instituciones vascas y españolas han aportado a la defensa jurídica de Pablo Ibar, condenado por un triple asesinato cometido en 1994 en Florida (EE.UU.), este "hoy estaría muerto, habría sido ejecutado sin la más mínima duda y se hubiera perpetrado una injusticia irreparable".
Así de contundente se muestra Andrés Krakenberger, portavoz de la asociación 'Pablo Ibar-Juicio Justo', en una entrevista concedida a EFE tras cumplirse el pasado 26 de junio 30 años del asesinato del dueño de un club nocturno y de dos modelos, hechos de los que el reo hispanoestadounidense de origen vasco siempre se ha declarado inocente.
Pablo Ibar, de 52 años, casado, padre de dos hijos y sobrino del boxeador vasco José Manuel Ibar 'Urtain', permanece encarcelado desde 1994. En el año 2000 fue condenado a muerte en un segundo juicio (el primero fue nulo al no llegar el jurado a un acuerdo) y pasó 16 años en el corredor de la muerte hasta que en 2016 el Tribunal Supremo de Florida revocó la sentencia al entender que las pruebas en su contra eran "escasas" y "débiles".
Ibar continuó en la cárcel, aunque ya fuera del corredor de la muerte, a la espera de un nuevo juicio. En 2019 el jurado volvió a considerarlo culpable y lo condenó a cadena perpetua. Su defensa apeló el "incomprensible" veredicto, pero su recurso fue rechazado el año pasado por la Corte de Apelaciones de Florida.
Ayuda de las instituciones españolas
Desde 1994 hasta ahora la defensa de Ibar ha costado "en torno a un millón de dólares". De esa cantidad, alrededor de un 85 % ha sido aportado por los gobiernos de España y de Euskadi y por el Parlamento foral de Gipuzkoa, territorio de origen de la familia Ibar. A ello se suma el dinero donado por ciudadanos particulares -principalmente del País Vasco y Navarra- tras diversas campañas para captar fondos.
"Sus abogados nos han dicho de forma muy clara que de no haberse dado ese apoyo (económico) de las instituciones y de la gente de aquí a través de 'crowfunding' Pablo hoy por hoy estaría muerto, habría sido ejecutado sin la más mínima duda y se hubiera perpetrado una injusticia irreparable", explica Krakenberger.
Pero se sigue necesitando dinero (la web www.pabloibar.com informa de cómo hacerlo) porque sus abogados trabajan en un nuevo recurso que podría presentarse en la jurisdicción federal o ante el Tribunal Supremo de Florida, el que anuló su condena a muerte en 2016.
"Ambas opciones tienen pros y contras", indica el activista por los Derechos Humanos. La vía del Supremo es "algo más económica" pero siempre "dentro de grandes magnitudes", ya que cada recurso cuesta entre 200.000 y 300.000 dólares.
Pero apelar ante a este tribunal "tiene ciertos riesgos" porque en Estados Unidos cuando un tribunal de apelación ha rechazado los argumentos del recurrente sin dar explicación (como en este caso) es "muy poco frecuente" que la instancia superior modifique el criterio.
La ventaja de la jurisdicción federal es que se puede "volver a plantear todo el caso desde cero sin necesidad de atenerse a decisiones previas de la jurisdicción del Estado de Florida". De esta manera el Tribunal Federal analizaría "todo como si se le planteara por primera vez". La desventaja radica en que "en principio el coste es mayor".
Por ello, los abogados de Pablo Ibar "están barajando los pros y los contras de una vía u otra" aunque la decisión "se tomará muy próximamente" ya que los plazos para interponer el recurso terminan este verano.
Todo ello para intentar "reparar una injusticia", apunta Krakenberger, que denuncia que la investigación policial y el proceso judicial están repletos de irregularidades. Entre ellas, que el juez no permitiera al jurado del último juicio saber que Seth Peñalver -condenado inicialmente como coautor del triple asesinato- había sido después declarado no culpable.
También cuestiona la validez del vídeo que recoge el momento del crimen y que fue usado para identificar a Ibar porque tiene muy poca nitidez o que en la camiseta del asesino hallada en el lugar no se hallara ADN de Ibar hasta el último juicio cuando una nueva prueba detectó "trazas" del mismo que expertos de la defensa vinculan con una contaminación.
Las tres décadas de Pablo en la cárcel le han pasado factura a él y a su familia -su mujer Tanya y sus hijos, su hermano Michael y su padre Cándido- que, aunque "en general están bien", tienen "momentos en los que les entra un poco la desesperación".
"Ya son muchos años en esta situación manifiestamente injusta y hay que tener un tesón muy especial para aguantar esto", señala Krakenberger, que asegura que el "generalizado apoyo de la gente es muy importante en el ámbito anímico para la familia, eso ayuda muchísimo", informa Efe.
