La declaración de Begoña Gómez del pasado viernes quedó aplazada después de que su abogado afirmara no tener conocimiento de la querella por tráfico de influencias presentada por Hazte Oír contra la esposa del presidente del Gobierno. Una denuncia, se quejó el letrado, sobre la que ni siquiera se le había notificado la admisión a trámite, la resolución judicial que permite conocer a las partes personadas en la causa en qué términos el instructor rechaza o admite, siquiera parcialmente, una denuncia y la incorpora a un procedimiento judicial ya en marcha. Ahora, Begoña Gómez y su abogado disponen de menos de dos semanas, apenas doce días, para analizar esa querella sobre la que el juez Juan Carlos Peinado ya había avisado, tres días antes de la fecha fijada para la comparecencia de la investigada, que incluía "nuevos hechos que pudieran ser merecedores de ser investigados".
Esa denuncia no es, por tanto, sorpresiva, en la medida en que Hazte Oír ya denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado el pasado 8 de abril, un día antes de que Manos Limpias llevase el asunto a los juzgados de Plaza de Castilla, lo que llevaría al magistrado a abrir diligencias el 16 de abril, provocando a su vez que Pedro Sánchez amagara con dimitir y anunciara que se apartaba cinco días de la vida pública para reflexionar sobre un posible cese que, finalmente, no se produjo.
Pero como la denuncia ante la Fiscalía General, que terminó remitiéndola a la Fiscalía de Madrid un día después de que Peinado abriera diligencias, terminó con un decreto de archivo, Hazte Oír -que junto a Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España- presentó la querella (en realidad esa misma denuncia ampliada) en el juzgado de Peinado.
¿Pero qué hechos imputa esa denuncia a Begoña Gómez? En el escrito se le atribuye haberse "prevalido" supuestamente "de su condición de esposa del presidente del Gobierno para establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades", para lo que se habría aprovechado de formar parte "del séquito de acompañamiento" del jefe del Ejecutivo "en varios viajes oficiales".
"Desde sus cargos y puestos laborales indiciariamente se ha podido ofrecer (por la concurrencia entre sus relaciones personales y la concesión de ayudas) para influir ante su propio esposo, como presidente de Gobierno, para la concesión de subvenciones y ayudas públicas", añade la denuncia, que también se refiere a informaciones periodísticas "no desmentidas" sobre las "cartas de recomendación" de Begoña Gómez a expedientes administrativos de concesión de concursos, en referencia al empresario Juan Carlos Barrabés, impulsor de su máster en la Universidad Complutense y que está citado a declarar el próximo día 15.
Además de hacer referencia a ese polémico máster sobre Transformación Social Competitiva y a un segundo sobre "captación de fondos" para ONGs, entre otros -subraya- "partidas de la Unión Europea que distribuye el propio gobierno de España", la denuncia hace referencia a sus vínculos con el Grupo Globalia y su posible incidencia en el rescate de Air Europa, una rama de la investigación que la Audiencia Provincial de Madrid redujo a meras "conjeturas" en la resolución en la que rechazó la petición de archivo de la Fiscalía y avaló la investigación de Peinado, reconduciéndola a las adjudicaciones a la empresa de Barrabés.
La querella recoge que a principios de 2020 Air Europa "firmó un contrato confidencial con el IE Africa Center dirigido por Begoña Gómez, por medio del cual la mercantil Wakalua" -creada el 22 enero de 2019 entre Globalia y la Organización Mundial de Turismo (OMT)- se comprometía a pagar al centro de estudios 40.000 euros al año. Para la asociación querellante, dado que "en esos momentos el Grupo Globalia estaba pasando un momento económico difícil", la operación resulta "muy sospechosa" pues según su criteroi "reúne indicios de servir para conseguir "la influencia" de la querellada en otras operaciones".
Desde junio de 2019, en que Begoña Gómez entró en contacto con el Grupo Globalia -señala la denuncia-, hasta que abandonó el Instituto de Empresa en junio de 2022, "el Grupo Globalia recibió un trato, por parte del Gobierno, que puede calificarse de privilegiado" pues en ese periodo Globalia, Air Europa y Avoris, "todas pertenecientes a la familia Hidalgo", "percibieron del Gobierno 1.100 millones de euros en avales, créditos y ayudas".
Hazte Oír mantiene en la querella que resulta "evidente" que los viajes de Begoña Gómez "como esposa de presidente del Gobierno" supusieron en ocasiones "una colisión y confusión de intereses que indiciariamente se ajustan a los tipos delictivos denunciados".
Respecto a Barrabés, afirma que "puso en contacto" a Begoña Gómez con Air Europa en 2019 y "diseñó después, buscó profesores y llenó de contenido el Máster en Transformación Social Competitiva" de la Universidad Complutense que codirigió la esposa de Pedro Sánchez.
La consultora Barrabés, afirma en la denuncia, "cultivó sus relaciones con Begoña Gómez al tiempo que su facturación con el Gobierno creció de medio millón de euros en los años de Mariano Rajoy a más de 20 millones con Pedro Sánchez, casi el 3.900 % más". Según la asociación querellante, desde que Begoña Gómez avaló a Barrabés por escrito en sendas adjudicaciones, en julio de 2020, el Gobierno ha adjudicado a Barrabés contratos por valor de 18.684.584 euros.
Además de los contratos adjudicados a Barrabés que investiga ahora la Fiscalía Europea, por nutrirse en parte de fondos comunitarios, la denuncia se refiere también a Transforma TSC, la empresa creada por Begoña Gómez en noviembre de 2023, "de la que es administradora única, y que tiene por objeto impulsar y promover la estrategia de Transformación Social Competitiva". Y recuerda que la Universidad Complutense de Madrid contrató el desarrollo de una web "para captar datos de potenciales clientes bajo la marca Transforma TSC", una contratación que costó 60.500,00 euros más el IVA.
