La Secretaría General de Presidencia del Gobierno ha recibido una resolución del Consejo de Transparencia, en la que se le insta a responder a la solicitud de un particular que pidió información relacionada con los gastos de los viajes que realiza a España el rey Juan Carlos, que reside en Abu Dabi.
En la resolución, consultada por Confidencial Digital y que se puede leer íntegra pinchando aquí, se relata los avatares de esta solicitud de acceso a la información.
Una particular solicitó en septiembre a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que el facilitara la siguiente información:
-- “Los gastos desglosados que hayan podido suponer en logística, seguridad, dietas, transporte, alojamiento y otros, a cargo del erario público, los cuatro viajes que el Rey Emérito Don Juan Carlos ha realizado a España desde 2022”.
Para pedir esos datos, se amparó en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, cuya responsable es Judit Alexandra González Pedraz, contestó en pocos días a la solicitud. Comunicó a la solicitante que había decidido inadmitir a trámite la petición presentada.
“El artículo 2.1 f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, incluye en su ámbito de aplicación a la Casa de Su Majestad el Rey en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”, argumentó.
Continuó explicando que “ello implica que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, tal y como está regulado en la citada norma, se circunscribe a información referente a la Casa de su Majestad el Rey en materia de personal, administración y gestión patrimonial, términos utilizados en el artículo 1.3 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para sujetar a dicha jurisdicción determinados actos del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas o Defensor del Pueblo, órganos a los que la Casa de S.M. el Rey se equipara a efectos de la Ley de Transparencia”.
La conclusión de Presidencia del Gobierno fue que “en consecuencia, la solicitud presentada no se encuentra en su ámbito de aplicación y, por tanto, no puede ser considerada información pública al amparo de esta norma, en tanto que no versa sobre una actuación sujeta a derecho administrativo de la Casa de S.M el Rey”.
Añadió que “la información institucional, organizativa y de planificación, la información de relevancia jurídica, y la información económica, presupuestaria y estadística, relativa a la Casa de S. M. el Rey, es objeto de publicidad a través de su página web”.
La solicitante no quedó satisfecha con esa respuesta. Interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se dedica a vigilar la aplicación de la Ley de Transparencia que hacen las administraciones públicas.
En esa reclamación defendió que “los viajes del Rey Emérito, si son costeados en total o parte con dinero público (seguridad, transporte, personal), deberían estar al alcance del escrutinio público”.
Por su parte, la Secretaría General de Presidencia del Gobierno se mantuvo en su posición e insistió, en sus alegaciones ante el Consejo de Transparencia, que “no puede ser considerada información pública al amparo de esta norma la información solicitada, en tanto que no versa sobre una actuación sujeta a derecho administrativo de la Casa de S.M el Rey”.
Al responder a la reclamación, el Consejo de Transparencia recordó que ya en otra resolución del año 2020 se pronunció sobre los gastos de viaje y estancias del rey emérito.
En esa ocasión concluyó que “aplicando la doctrina precedente, sustentada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo al supuesto presente, entendemos que la información solicitada –gastos de viaje y estancia del Rey emérito— queda fuera de las actividades en materia de personal, administración y gestión patrimonial que, como hemos indicado, enmarcarían la aplicación de la LTAIBG [Ley de Transparencia] a la Casa de Su Majestad el Rey”.
Por eso, “se trataría, en su caso de actividades privadas que corresponden a un miembro de la Familia Real, pero no a la Casa de su Majestad el Rey que, recordemos, es el órgano que con arreglo a lo decidido por las Cortes Generales está sometido al ámbito de aplicación de la LTAIBG”.
Pero a renglón seguido, tras recordar esa doctrina suya de hace cuatro años, el Consejo de Transparencia también señaló “no obstante lo anterior, no puede desconocerse que, de acuerdo con los términos de la solicitud de acceso a la información y de la propia reclamación, lo que se pretende conocer son los gastos a cargo del erario público generados con motivo de los viajes del Rey emérito por distintos conceptos (como seguridad, logística, dietas, etc.)”.
Es decir, que “dentro del objeto de la solicitud tienen cabida tanto los gastos sufragados por la Casa de Su Majestad el Rey como los abonados con cargo al presupuesto de otros organismos públicos”.
Para el Consejo de Transparencia, “sobre los de este segundo tipo”, es decir, los que costeen otros organismos públicos, “no existe pronunciamiento alguno en la resolución dictada por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, pues en ella se aborda la respuesta a la solicitud de acceso únicamente desde la perspectiva de los gastos en que hubiera podido incurrir la Casa de Su Majestad el Rey —gastos que quedan al margen del ámbito de aplicación de la LTAIBG al no poderse enmarcar en las actividades sujetas a derecho administrativo a que hace referencia el citado artículo 2.1.f) LTAIBG—, pero no desde la perspectiva del eventual gasto público que se hubiera podido generar a cargo de otros organismos o departamentos gubernamentales con motivo de tales viajes”.
Esos gastos, en caso de existir, “no estarían amparados por la excepción del citado artículo 2.1.f), incurriendo así en una incongruencia omisiva parcial”.
Así que Transparencia determinó que “ante esta ausencia de pronunciamiento sobre una parte de lo solicitado, se ha de proceder a estimar la reclamación a fin de que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno resuelva expresamente sobre lo omitido o, en su caso, remita la solicitud a los órganos competentes para que decidan sobre la misma”.
Dio 15 días a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para responder.
De esta forma, Presidencia ya no puede limitarse a inadmitir la petición sobre los gastos de los viajes del rey Juan Carlos. Tiene tres opciones: o bien facilita la información pedida, o bien la deniega expresamente invocando alguno de los límites contemplados en la Ley de Transparencia, o le pasa la petición a otro organismo público que sí sea competente.
Una última posibilidad es que recurra ante la jurisdicción contencioso-administrativa para negarse a cumplir la resolución.
Juan Carlos I anunció en agosto de 2020 que había decidido alejarse de España y trasladar su residencia a Abu Dabi.
Cuando en 2022 la fiscalía cerró todas las investigaciones sobre posibles irregularidades en su patrimonio, el rey emérito comunicó, en otra carta dirigida a Felipe VI, que continuaría residiendo en Abu Dabi, aunque viajaría con frecuencia a España.
En todos estos años, don Juan Carlos ha hecho algunos viajes a nuestro país. La mayoría han tenido como motivo principal la participación del rey emérito en regatas de vela, con su equipo de la clase 6M del Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra).
También ha pasado por Vitoria, para visitar a un médico, y ha estado en Madrid por diversos motivos: la mayoría de edad y la jura ante las Cortes de la princesa Leonor (sólo estuvo en la celebración familiar, no en las Cortes), el cumpleaños de la infanta Elena, la boda de José Luis Martínez-Almeida con Teresa Urquijo...
Los gastos de dinero público que rodean a Juan Carlos I son motivo de consultas al Gobierno, al amparo de la Ley de Transparencia, desde que se marchó a Abu Dabi.
Ya en otoño de 2020, pocos meses después de anunciarse ese traslado de residencia, el Consejo de Transparencia estimó una reclamación a instó al Ministerio del Interior a facilitar a un particular el detalle del gasto en escoltas de don Juan Carlos desde que abdicó en 2014.
Interior se había negado a dar esa información, el solicitante recurrió al consejo, y este organismo le dio la razón.
Newtral informó en 2022 que el Gobierno no había cumplido varias resoluciones del Consejo de Transparencia que le instaban a difundir datos relacionados con el despliegue de seguridad de la Familia Real y con la estancia de Juan Carlos I en Abu Dabi.
Transparencia dictó en enero de 2023 otra resolución similar, instando al Gobierno a informar sobre el despliegue de seguridad que se organizó en Sanxenxo con motivo de un viaje de don Juan Carlos en 2022.
Pero después de esa resolución, el Ministerio del Interior se negó a facilitar la información solicitada, argumentando que “puede poner en riesgo tanto la seguridad de las personas objeto de protección como de los agentes encargados de la misma”.
El diario digital La Política Online publicó en agosto de 2020, al poco de marcharse el padre de Felipe VI a Abu Dabi, que el equipo de escoltas que protegía a don Juan Carlos costaba en total 32.000 euros al mes.
