Después de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara algunas reformas que atentan contra la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, la agrupación Coalición Ciudadana inició una campaña para solicitar a otros países restringir las visas a los congresistas.
La organización pide la misma sanción para aquellos parlamentarios que estén involucrados en casos de corrupción u otros delitos graves. Esta medida ya se aplicó anteriormente para funcionarios de países como Nicaragua, Guatemala y Venezuela, donde se cometieron actos contra los derechos humanos y la democracia.
Mediante un pronunciamiento, la organización hace un recuento del desempeño que tuvo el Parlamento en el último año y remarca que las últimas iniciativas que se aprobaron buscaron debilitar los organismos electorales y el sistema de justicia.
Asimismo, recuerdan que a pesar de la poca aprobación con la que cuentan los congresistas, estos hicieron caso omiso a los llamados de las entidades que se pronunciaron en contra de las reformas antidemocráticas y siguieron adelante con su aprobación.
Algunas de estas propuestas fueron la aprobación del retorno a la bicameralidad, pese a que anteriormente se rechazó esto en un referéndum en el 2018.
Otra iniciativa aprobada fue la eliminación de la paridad horizontal y la alternancia. Esto limita la participación política de las mujeres en la política.
Cabe señalar que la Coalición Ciudadana está conformada por más de 300 organizaciones, entre sindicatos, ONG y empresas, que proponen esta campaña como respuesta a la baja aprobación que tiene el Congreso frente a la ciudadanía.
Es así que crearon esta petición y emplazan a los peruanos a apoyarla como medida de protesta y rechazo ante el Congreso.
"Los viajes de los parlamentarios no solo significan un gasto millonario que se realiza con el dinero de todos los peruanos, sino que además son injustificados y no son merecidos para la mayoría de congresistas que le dan la espalda a la ciudadanía y no rinden cuentas ante sus representados", indican en la última parte del pronunciamiento.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002, que es cuando en Perú entró en vigencia el Estatuto de Roma.
Pese a que las Fiscalías Especializadas de Derechos Humanos emitieron un comunicado conjunto advirtiendo que la iniciativa ocasionaría que más de 500 procesos judiciales sobre delitos contra los derechos humanos sean archivados y los responsables de estos crímenes queden impunes, los parlamentarios ratificaron la propuesta.
Lo curioso es que esta norma fue promovida por el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, y su aprobación beneficiaría al líder de su partido, Alberto Fujimori.
En una entrevista, la defensa del expresidente Elio Riera adelantó que Fujimori recurriría a la "Ley de Amnistía", una vez que esta haya sido aprobada por el Congreso.
