La nueva legislación de DeSantis que entró en vigencia en Florida busca proteger los derechos de los propietarios, facilitando el desalojo inmediato de ocupantes ilegales.
Desde el 1 de julio, la nueva ley de DeSantis que entró en vigencia en Florida ha comenzado a transformar la manera en que los propietarios pueden proteger sus inmuebles contra ocupantes ilegales. La legislación HB621, promovida por el gobernador Ron DeSantis, está diseñada para agilizar el proceso de recuperación de propiedades y reducir las disputas legales prolongadas. Con esta medida, Florida busca establecer un ejemplo a nivel nacional sobre la protección de los derechos de propiedad.
La problemática de los okupas ha sido una preocupación creciente en Estados Unidos, y Florida no ha sido la excepción. Propietarios de viviendas y terrenos han reportado un aumento significativo en la incidencia de ocupaciones ilegales, donde individuos se instalan sin autorización, generando conflictos y dificultades legales para su desalojo.
La HB621, firmada por Ron DeSantis en marzo y vigente desde el 1 de julio, establece que los propietarios tienen la facultad de solicitar la intervención del sheriff para desalojar a los ocupantes ilegales. Este proceso puede iniciarse bajo ciertas condiciones específicas: el individuo debe haber ingresado sin permiso y haber sido notificado por el propietario para abandonar el lugar sin cumplir con dicha orden. Además, es esencial que la persona no sea un inquilino actual o anterior en una disputa legal.
Para activar este procedimiento, el propietario debe presentar una queja bajo pena de perjurio, detallando los hechos que justifican la solicitud de desalojo. Si las autoridades confirman la validez de la denuncia, el sheriff procederá con el desalojo inmediato del ocupante. Este enfoque busca evitar las dilaciones y complicaciones legales que anteriormente dificultaban la recuperación de propiedades por parte de los dueños.
La nueva ley de Florida no solo facilita el desalojo de ocupantes ilegales, imponiendo también sanciones severas para quienes infrinjan sus disposiciones. Aquellas personas que, a sabiendas y deliberadamente, presenten documentos falsos pretendiendo ser contratos de arrendamiento válidos o escrituras, enfrentarán consecuencias penales. Asimismo, la HB621 prohíbe la ocupación ilegal intencional de una vivienda residencial y establece sanciones para los responsables de daños a la propiedad.
El propietario que solicite la intervención del sheriff debe asumir ciertos costos, incluyendo la tarifa civil de desalojo y un pago adicional por hora si es necesario que un agente esté presente para mantener la paz durante el proceso. En caso de que una persona sea desalojada injustamente, la ley le otorga el derecho a demandar al propietario por el triple del alquiler justo de mercado, además de daños, costos y honorarios legales. Este aspecto de la ley asegura que se protejan también los derechos de los ocupantes contra desalojos arbitrarios.
Los okupas son individuos que se instalan en propiedades sin el permiso legal del propietario, generalmente aprovechando terrenos o edificios vacíos. Esta situación es especialmente problemática en Florida, donde la falta de supervisión activa de ciertas propiedades facilita la ocupación ilegal. Los okupas pueden vivir en estas propiedades de manera temporal o permanente y, en algunos casos, intentar obtener la propiedad legal, lo que genera disputas jurídicas complejas sobre los derechos de propiedad y la titularidad.
El incremento de ocupaciones ilegales en Florida ha motivado la creación de la HB621, como una respuesta necesaria para proteger a los propietarios y mantener la integridad de sus bienes inmuebles. La nueva ley de DeSantis, que entró en vigencia en Florida, marca un cambio significativo en la gestión de esta problemática, proporcionando herramientas legales efectivas para abordar el fenómeno de los okupas y asegurando que los derechos de los propietarios sean respetados.
