San Salvador. Tomadas de la mano, Andrea y Fiorella acuden a una misa improvisada en el garaje de una casa en San Salvador. Allí no temen ser discriminadas, dicen, por una sociedad que cierra, cada vez más, los espacios a la diversidad sexual.
Ante un crucifijo colgado en una columna bajo una hilera de banderitas multicolores, unos 15 miembros de la comunidad LGBT entonan cánticos, comulgan y escuchan pasajes de la biblia.
Bukele despide más de 300 empleados de Cultura por ‘incompatibilidad’ con su gobierno
“Es un espacio seguro donde puedo asistir con mi pareja, ser bienvenida sin ser juzgada”, dice Fiorella Turchkeim, una psicóloga de 30 años.
Para ella y Andrea Ordóñez, una farmacéutica de 30 años, la llamada Comunidad Santa María Magdalena, organización de inspiración anglicana que se define como “radicalmente inclusiva”, es “un respiro” en medio de un clima de “intolerancia”.
Tras ser reelegido por otros cinco años en febrero pasado gracias a su guerra antipandillas, el presidente Nayib Bukele adoptó una política conservadora, pese a que antes de llegar al poder decía apoyar las reivindicaciones de los LGBT.
Hace una semana, Bukele anunció el despido de 300 empleados del Ministerio de Cultura por promover “agendas” incompatibles con la visión de su gobierno, lo que varios funcionarios celebraron como una defensa de “la familia tradicional”, “la fe” y “la vida”.
Días antes, el Ministerio de Cultura había aprobado la presentación de una obra LGBT en el Teatro Nacional, cancelada abruptamente tras su primera función.
Los LGBT quedan “en situación de vulnerabilidad” cuando la gente escucha al presidente definirlos como “antinatural, antidios, antifamilia”, dijo Luis Chávez, gay que ejerce de pastor en la organización religiosa que se congrega desde hace unos dos años en la casa de una oenegé.
Poco después de arrasar en los comicios, Bukele asistió en febrero, al igual que su homólogo argentino Javier Milei, a la mayor convención de conservadores de Estados Unidos, que ovacionó al expresidente Donald Trump.
Ese mismo mes, el Ministerio de Educación anunció que retiró de los textos escolares “todo rastro” de perspectiva de género, decisión aplaudida por grupos conservadores y criticada por activistas de derechos humanos.
Bukele está entrando “en este pequeño club de políticos de ultraderecha megarreaccionarios”, opinó el antropólogo Juan Martínez.
También en febrero, el Ministerio de Salud eliminó un protocolo con el que personas de diversidad sexual recibían atención “libres de estigma y discriminación” en un programa de prevención de VIH/sida, aseguró Aranza Santos, del Colectivo Alejandría LGBTQI+.
Esta agencia solicitó al gobierno comentarios al respecto, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.
Con la bandera arcoíris en su espalda, Turchkeim acudió con su pareja a la marcha del Orgullo el pasado sábado en San Salvador para exigir el respeto a la diversidad sexual.
“Es preocupante (la postura oficial) por la persecución mediática que hay para la población LGBTQI”, expresó entre el bullicio de la música y las consignas de los manifestantes.
Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, en El Salvador “8 de cada 10 personas LGBTQI+” sufre “discriminación en razón de su orientación sexual” o identidad de género.
Turchkeim y Ordóñez son pareja desde hace dos años, pero sus familias no aceptan su relación. “Para evitar problemas”, dice la joven farmacéutica, no muestran su afecto en público.
Ordóñez cuenta que hace unos años integró un coro católico, pero el director del grupo la excluyó en una Semana Santa porque le dijo, aludiendo al lesbianismo, que era “una aberración”. “Fue un choque saber que no había espacio para mí”, recordó.
“Las personas de diversidad sexual están lastimadas por las iglesias tradicionales”, afirmó Chávez, tras explicar que aunque miembros de Santa María Magdalena acudían a la iglesia anglicana, en el templo improvisado se sienten más libres.
El gobierno y parte de la sociedad “quieren negar nuestra existencia y ante eso nos toca alzar la voz, exigir y luchar por nuestros derechos”, comentó Grecia Villalobos, activista de Concavis Trans, organización de defensa de derechos de personas transgénero.
“No vamos a permitir que se nos estigmatice, se nos discrimine y se nos vuelva a encerrar en los closet”, agrega Santos.
La lucha será larga. Turchkeim y Ordóñez planean casarse en agosto de 2025, pero deberán viajar a Costa Rica, donde las uniones de parejas del mismo sexo son legales desde mayo de 2020.
“Quisiéramos que fuera acá, pero pues claro... aquí es bien difícil”, se resigna Turchkeim.
