La Fiscalía ha recurrido formalmente la negativa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llanera a aplicarle la Ley de Amnistía al expresident Carles Puigdemont porque, entiende, no hubo ánimo de enriquecerse a nivel personal ni tampoco perjuicio a los intereses financieros de la Unión Europea.
Estas dos razones son las argumentó el juez para negar su perdón acogiéndose así a este par de supuestos que son las excepciones en las que no se puede amnistiar la malversación de la que se acusa al líder independentista prófugo por su papel en el "procés".
La fundamentación jurídica del recurso pasa por negar tajantemente que el uso del dinero público de la administración catalana que presidía Puigdemont para organizar el 1-O no hubo un "propósito de enriquecimiento patrimonial propio" o de "su fortuna personal" por parte del expresident.
El Ministerio Público expone así en su recurso de reforma la "discrepancia" con el criterio del juez al entender que "no se ajusta a derecho".
La reclamación vía judicial de que sí sea beneficiario Puigdemont también incluye al exconseller catalán Antonio Comín, fugado también en Bélgica, y el ahora diputado neoconvergente -ausente- del nuevo Parlament Lluís Puig, que se encuentra también fuera de España para evitar las consecuencias legales del desafío soberanista.
El recurso lleva la firma de la teniente fiscal jefe del Supremo María Ángeles Sánchez Conde y del fiscal jefe de lo Penal Joaquín Sánchez Covisa, y es subsidiario de apelación.
