Organismos internacionales aseguran que esta ley, que prescribe delitos de lesa humanidad, constituye un desacato por parte del Congreso.
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se pronunció en rechazo al dictamen de la Corte IDH respecto a la ley de amnistía, que haciendo caso omiso a este organismo internacional, fue aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones este jueves 4 de julio por el Pleno de la Comisión Permanente.
"Este Congreso del Bicentenario rechaza las intromisiones provenientes de organismos internacionales. En defensa de la soberanía del Estado Peruano y del fuero parlamentario, hoy se puso al debate y se aprobó la segunda votación del dictamen del Proyecto de Ley 6951/2023-CR.", se lee en una publicación hecha a través de X.
Se esperaba que este proyecto de ley fuese debatido previo al cierre del Periodo Anual de Sesiones 2023-2024 o durante el inicio de la siguiente legislatura; no obstante, esta iniciativa junto con otras reformas como la eliminación de la Junta Nacional de Justicia fue postergada. Lamentablemente, esta Comisión Permanente hizo uso de la prerrogativa que posee para votar este tipo de propuestas.
La bancada de Fuerza Popular respaldó en bloque esta iniciativa, con los votos de los parlamentarios Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, César Revilla y Martha Moyano.
A estos votos fujimoristas se sumaron los de Patricia Chirinos (Avanza País), Diego Bazán, Eduardo Salhuana (APP), María Acuña, Wilson Soto (AP), José Luna (Podemos Perú), Jorge Montoya (Renovación Popular), José Cueto y José Jerí (Somos Perú).
En contra votaron las bancadas del Bloque Magisterial (Lucinda Vásquez, Alex Paredes y Katy Ugarte), Cambio Democrático-JPP (Edgard Reymundo y Nieves Limachi), Perú Bicentenario (Jorge Coayla) y Perú Libre (Waldemar Cerrón, Kelly Portalatino, Isaac Mita y Segundo Montalvo). También se opusieron Francis Paredes de Podemos Perú e Hilda Portero de Acción Popular.
El movimiento global independiente Amnistía Internacional rechazó categóricamente el proyecto de ley 6951/2023-CR, que define los delitos de lesa humanidad y que fue aprobado por la Comisión Permanente.
"Rechazamos la aprobación de la ley que propone precisar la aplicación del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra de hechos producidos antes de 2002, limitando el acceso a la justicia", publicó en X.
En esa misma línea, el organismo exhortó al gobierno de Dina Boluarte a no oficializar esta ley que abre paso a la impunidad en el país, señalando que va en contra de los derechos humanos y vulnera la justicia de las víctimas de violencia entre los años 1980 y 2000.
Amnistía Internacional aprovechó para señalar que los delitos de lesa humanidad son considerados muy graves, "que suponen un ataque no solo a las víctimas directas sino a toda la humanidad", y debido a su naturaleza, son de carácter imprescriptible; es decir, no pierden su validez a través del tiempo.
"El Gobierno peruano debe cerrar el paso a la impunidad y rechazar esta ley que puede generar un precedente nefasto para el acceso a la justicia de personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos", concluyó Amnistía Internacional.
