Gustavo Valdés, el gobernador radical de Corrientes, se encuentra en medio de una tormenta mediática tras la desaparición de Loan Danilo Peña, el menor de cinco años que lleva ya 21 días desaparecido. Diputados y Senadores provinciales piden medidas y lo acusan de tomar acciones para entorpecer la investigación.
Valdés ganó la reelección a la gobernación de la provincia con el 76% de los votos en 2021 y no tenía dudas de la posibilidad de reelección el próximo año. Sin embargo, el clima social que se enrarece cada vez más en la provincia conforme pasan los días podría afectar sus planes.
Loan continúa desaparecido desde el pasado jueves 13 de junio. En las últimas horas, los efectivos de seguridad intensificaron los operativos en diferentes frentes para dar con el paradero del menor.
Una de las principales hipótesis de la investigación considera que se trató de un secuestro vinculado a la trata de personas. Hasta el momento hay seis detenidos involucrados en el caso y que son investigados por la Justicia.
La Cámara de Senadores de Corrientes realizó un pedido de informe para solicitarle a Valdés que esclarezca cómo fue que accedió a información sensible en el marco de la investigación.
Esto ocurrió porque el radical compartió el sábado un tuit donde validaba una nueva versión del caso de Loan y aseguró que se había dado "un gran paso en la resolución" de la desaparición del menor.
"Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho", posteó
Laudelina Peña, tía del menor, declaró ante la justicia que Loan había sido atropellado y acusó al matrimonio del exoficial de la Armada, Carlos Pérez y la exempleada municipal, María Victoria Caillava, ambos detenidos.
Esta versión fue desacreditada por la propia familia de Loan Peña y crecen las sospechas sobre la tía ya que su abogado defensor, José Fernández Codazzi, fue acusado de tener vínculos personales con Valdés.
La Cámara alta correntina le solicitó al gobernador un detalle respecto a cómo tomó conocimiento formal o informal del contenido de la denuncia. Asimismo, solicitaron información sobre por qué tomó por cierta la declaración de Peña y por último pidieron que justifique su intromisión.
Paralelamente, el martes un grupo de diputados provinciales opositores pidieron al gobernador la destitución inmediata de los ministros de Seguridad, Buenaventura Duarte, y de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni.
La iniciativa la llevó a cabo Unión por la Patria mediante un proyecto de resolución presentado en la Legislatura provincial. El pedido está firmado por Germán Braillard Poccard, Ana María Gauna, César Lezcano, María Belén Martino y Adriana Vidal Domínguez.
Ambos dirigentes habían concurrido al Congreso provincial para aclarar su accionar durante la investigación de Loan Peña y no tuvieron una buena recepción por parte de los diputados. "(Los ministros) han incurrido en graves faltas que comprometen seriamente el ejercicio de su cargo y visualizan el incumplimiento de los deberes de funcionario público", afirmaron.
Según los diputados, los funcionarios mostraron "impericia, inoperancia y un posible incumplimiento en el cargo de funcionario público que representa un serio riesgo para la seguridad pública de la provincia y para el bienestar de sus habitantes".
Mientras tanto, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich también se distanciaron del gobernador correntino y se despegaron de la situación.
"Cuando se nos llamó, la doctora [Patricia] Bullrich fue y brindó asistencias hasta donde la dejaron. No es que permitieron que las fuerzas federales participaran activamente del proceso. Aun así, en ningún momento se les quitó el hombro. Hoy no se trabaja con una hipótesis o dos. Se está trabajando en todas. Se está haciendo un esfuerzo para encontrar a Loan", sostuvo el mandatario en la señal televisiva TN esta semana.
Además, el mandatario libertario se mostró muy enojado por las denuncias de desfinanciamiento a programas contra la trata de personas y aseguró que acusaciones son "miserables y mentirosas".
"Ahora, creer que el problema es la política que hacemos nosotros, es miserable y mentiroso. Si hay algo que funciona en este Gobierno son los mandatos que nos pidió la sociedad. Nos pidió que bajáramos la inflación, y que pusiéramos la calle en orden. Ahora la calle está en orden. El que las hace, las paga", aseguró.
Tras un pedido de la Interpol, los fiscales del caso, Mariano De Guzmán, Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, ordenaron registrar los foros y canales de distribución de contenido vinculado a la pedofilia en internet y la dark web.
Además, se investigaron las direcciones de IP de los seis sospechosos del caso, para verificar si estuvieron vinculados a otros hechos de tenencia o abuso sexual infantil. Al momento, no se encontraron imágenes de Loan en el rastreo, ni tampoco algún antecedente de los detenidos en otras causas de pedofilia.
La búsqueda se realizó a través del National Center for Missing and Exploited Children, el cual se encarga de señalizar y detectar un archivo a través de los valores del hash. Es decir, un código informático que mantiene el archivo.
Los efectivos de seguridad encontraron dos toallas que presentaron restos de sangre humana, en una escuela abandonada de Goya, Corrientes.
La jueza federal Cristina Pozzer Penzo le ordenó a los peritos examinar las manchas, para en las próximas horas poder determinar si coincide o no con el ADN de Loan.
Las toallas se encontraban en la escuela que Laudelina, la tía de Loan, marcó como el lugar en donde María Victoria Caillava le habría entregado el botín para plantarlo y desviar la investigación.
El Senado aprobó hoy un proyecto que impulsó Carolina Rosada para modificar el Código Penal y así tipificar el delito de la venta de menores y condenarla con penas de cinco a 15 años de prisión. La votación recibió 63 votos a favor.
Por el momento, el artículo 139 bis pena de 3 a 10 años de prisión a quienes promuevan o intercedan en delitos comprendidos en el capítulo relacionado con delitos de supresión de inédita o de estado civil.
La iniciativa de Losada busca modificar la normativa actual para incluir con penas de tres a 10 años de prisión "al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación".
