La esposa del presidente del Gobierno acude a declarar como investigada para dar cumplimiento a una citación que, lejos de poner de manifiesto la normalidad que deberían representar las instrucciones judiciales en un Estado de derecho, se ha convertido para el Ejecutivo en todo lo contrario, hasta presentarlo a la opinión pública como una conjura en la que participan medios, jueces y partidos. La presunción de inocencia de Begoña Gómez es compatible con una independencia judicial que el Gobierno no ha dejado de poner en duda, asumiendo la narrativa antisistema de los partidos que lo sostienen. Que el propio ministro del Interior, magistrado con una dilatada carrera en los juzgados de instrucción, participe en esta teoría de la conspiración al denunciar la «indefensión» de Gómez y atacar al juez Peinado da cuenta del alcance de una ofensiva que descalifica al Ejecutivo, deteriora la imagen de la Justicia y tensa las costuras del propio Estado de derecho.
