La Comisión Permanente del Congreso de la República sesiona este jueves 4 de julio —desde las 10 de la mañana— y entre los temas de agenda figura el someter a segunda votación el proyecto de Ley que propone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002, cuando en el Perú entró en vigencia el Estatuto de Roma.
La sesión se desarrolla en el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo y tendrá carácter semipresencial.
La iniciativa, impulsada por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto, quien en ese entonces estaba en Renovación Popular, se aprobó con 60 votos a favor en una primera votación y quedó pendiente su ratificación.
La legislatura terminó y la segunda votación para la norma quedó pendiente, por lo que ahora será la Comisión Permanente quien decida si ratificar o no esta medida. Desde el Congreso optaron por ignorar el pronunciamiento de la Corte IDH al respecto.
En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano dejar sin efecto al proyecto de ley que propone la prescripción de los procesos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002.
Esta disposición viene como parte de las medidas provisionales otorgadas a las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta solicitadas a raíz de la "Ley de Amnistía" que el Congreso buscaba aprobar.
El tribunal supranacional requirió al Perú “que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos”.
Este requerimiento implica que en caso de que la Comisión Permanente ratifique la "Ley de Amnistía", el Ejecutivo deberá observar la norma para que esta no entre en vigencia, y el Poder Judicial no llegue a ejecutarla.
Por su parte, presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que ha recibido el encargo de coordinar con los titulares del Poder Judicial y el Congreso de la República un pronunciamiento conjunto en respuesta al requerimiento de la Corte IDH de dejar sin efecto el proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad denominado "Ley de Amnistía".
El incumplimiento de lo ordenado por la Corte IDH representaría un desacato; pese a ello, el Gobierno de Dina Boluarte buscaría insistir en la prerrogativa del Ejecutivo de promulgar la ley cuando eventualmente sea aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso y llegue a Palacio de Gobierno para su trámite correspondiente.
"Se me ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado para coordinar y emitir una respuesta conjunta, manifestando, por supuesto, el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional", declaró a la prensa.
