Aunque voy a ser repetitivo, me parece que no se ha puesto suficiente énfasis en el hecho de que la elección del 2 de junio estuvo llena de ilegalidades que, si bien no tendrán consecuencias jurídicas, restan legitimidad a la próxima presidenta de México. Me disculpo de antemano por tocar de nuevo este tema.
A un mes de las elecciones del 2 de junio pasado, la reacción general de los resultados es que fue contundente el triunfo de Claudia Sheinbaum, que fue en todo el país (tanto en los estados más seguros y con mejores gobernadores como en los más inseguros y con gobernantes altamente cuestionados), y que ello da un mandato claro al nuevo gobierno al contar con mayoría en el Congreso (quizás incluso absoluta en la Cámara de Diputados y muy cerca en la de Senadores, si el INE hace de las suyas). Ese es el resultado de la elección cuyas cifras nos entregó el INE.
Ante el resultado abrumador, como por arte de magia, casi han desaparecido del ojo público las evidencias de las anomalías que ocurrieron a lo largo de todo el proceso electoral. Es ingenuo pensar que su análisis pudiera revertir la entrega de mayoría a la virtual presidenta electa Sheinbaum por el Tribunal Electoral próximamente, cuando se hayan “resuelto” todas las impugnaciones presentadas. Por tanto, no escribo esta columna con la expectativa de que estas impugnaciones revertirán el resultado. No me cabe duda de que la próxima presidenta de México será Claudia Sheinbaum Pardo, porque obtuvo la mayoría de los votos de los mexicanos contabilizados por el INE.
Lo que yo quisiera subrayar es que se violó flagrantemente la legislación durante este proceso electoral, independientemente de que sea muy difícil llegar a una cifra precisa de los votos ilegítimos o ilegales emitidos en las elecciones pasadas en favor de la candidata oficialista. Es decir, con un afán de interés más bien histórico y moral que práctico (pues la cargada ha arreciado y nuestras instituciones no dan para mucho), será muy interesante lo que investigadores serios de estos temas nos digan en unos meses o años. No me cabe duda de que diversos interesados en temas electorales y su legalidad, como son académicos, centros de investigación y organizaciones como Integralia, harán análisis rigurosos sobre el proceso electoral de 2024.
Y cuando eso ocurra, las preguntas que se harán científicos sociales serán semejantes a estas: ¿qué tantos votos generó el presidente López Obrador al entrometerse en el proceso repetidamente, y que le valió cerca de 50 reprimendas por parte del INE, en particular su afirmación de que la oposición quitaría los programas sociales si llegara al poder? ¿Cuántos votos generó la publicidad anticipada (por más de dos años) en favor de Claudia Sheinbaum, y quién la pagó? ¿Cuánta gente fue inducida al voto por los más de 20 mil “servidores de la nación” que repetían una y otra vez slogans en favor de la candidata presidencial y del propio presidente de la República, que “entregaban” vacunas y dinero de programas sociales a nombre de Morena y del presidente? ¿Cuántos votos generaron directa o indirectamente los acuerdos del crimen organizado con Morena y sus aliados en diversas partes del país, como sucedió en Tamaulipas y San Luis Potosí en las elecciones estatales previas, y que se evidenció en su presencia cada vez mayor y su colusión con fuerzas locales? ¿Qué impacto electoral tuvo la violencia electoral histórica que presenciamos en los últimos meses, en la que no sólo hubo un récord de asesinatos de participantes electorales, sino que incluso determinó que más de 7 mil candidatos a puestos de elección popular local se desistieran de participar? ¿Cuántos votos para Morena y sus aliados generaron amenazas específicas de que si no ganaba el candidato oficial en tal o cual municipio regresarían al pueblo para “cobrarse esa afrenta”? ¿Hubo algún tipo de coerción a las Fuerzas Armadas y cómo votaron éstas? ¿En favor de quién votaron los maestros de la CNTE y del SNTE con quienes el gobierno llegó a acuerdos clientelares aún mayores (por ejemplo, que volvieran a tener el poder de asignar plazas de maestros y directivos escolares)? ¿Cuántos votos generó para Morena la quita de deuda parcial del Infonavit y los créditos extraordinarios del Fonacot? ¿Cómo afectó la decisión del voto el pago directo a personas en todo tipo de programas gubernamentales que deberían ser institucionales, aportado por el Estado, como ejercicio de derechos, como el caso de las pensiones (e incluso su pago anticipado)? ¿Cómo afectó el superpeso apuntalado por el lavado de dinero en el ánimo de la gente y si ello se tradujo en votos?
También habrá que contestar cuántos votos generó el aumento del salario mínimo, el cual ha sido uno de los aciertos de este gobierno, o dirigió a la oposición por el pésimo trabajo durante la pandemia.
Para responder estas preguntas, seguramente habrá muy diversos tipos de análisis, como la revisión pormenorizada de los resultados electorales a nivel de casilla, o bien análisis estadístico regional o incluso municipal donde hubo desistimiento de candidatos a puestos de elección popular, o el impacto específico en la votación de la entrega no institucional de efectivo a nombre de Morena o del presidente. Seguramente se estudiará el impacto de la violencia y de muchos otros factores en la elección para entender por qué gobernadores muy bien calificados perdieron en su estado, mientras que otros notoriamente pésimos gobernantes refrendaron su triunfo para Morena.
En la medida que haya habido un impacto en la votación de 2024 por factores marcados por la ilegalidad, el número de votos legales y legítimos para Sheinbaum será menor al oficial. ¿Cuántos? No sabemos aún, pero la hipótesis de trabajo es que hubo muchos y que vale la pena investigarlo.
