Las manifestaciones del fin de semana en protesta por la falta de vivienda asequible y los efectos no deseados del modelo turístico de Cádiz y Málaga han activado los resortes de todas las administraciones. De un día para otro, todos tienen algo que decir en una cuestión que entrelaza competencias de ámbito local, autonómico y estatal (de ordenación urbanística, de turismo, de vivienda).
Este miércoles, el Gobierno ha anunciado que el Ministerio de Vivienda trabaja en un Decreto para crear un registro estatal y reforzar el papel de las comunidades de vecinos. También la Junta de Andalucía, que ha salido a defender su decreto de viviendas turísticas, en vigor desde el pasado febrero, esgrimiendo un dato: ha “dado de baja” unas 2.500 viviendas turísticas del registro oficial andaluz (obligatorio).
Es una cifra contada desde enero de 2024, según confirman desde la Consejería de Turismo. Hoy, la Junta contabiliza 130.013 viviendas turísticas (684.595 plazas), de modo que ha dado de baja algo menos del 2% en los últimos ocho años.
Ramón Fernández-Pacheco, consejero portavoz del Gobierno de Juan Manuel Moreno, compareció con los datos al término del Consejo de Gobierno del martes. Cuando fue preguntado por las movilizaciones masivas de Málaga y Cádiz evitó valorarlas, pero defendió el decreto porque, dijo, “cumple su función” y permite “tomar decisiones” como excluir a aquellas viviendas turísticas que no cumplen la normativa.
Dio dos cifras: la de Sevilla (721 viviendas excluidas) y la de Cádiz (617). Según los datos aportados por la Consejería de Turismo a elDiario.es Andalucía, el desglose de bajas hasta mayo se completa con 140 en Almería, 50 en Córdoba, 316 en Granada, 87 en Huelva, 79 en Jaén y 435 en Málaga. En total, 2.445 viviendas turísticas a las que se ha revocado la licencia.
Aunque el portavoz quiso trasladar la imagen de que el decreto ya está embridando el sector turístico, para muchos desbocado, lo cierto es que el registro de viviendas turísticas se ha acelerado desde que entró en vigor. Esto ocurrió el 22 de febrero de 2024, veinte días después de su publicación en el BOJA. Según los datos del Registro, en esa fecha había 118.075 viviendas turísticas inscritas; hoy son 11.938 más. En cuatro meses el crecimiento ha sido del 10%. Cada día se han inscrito en el registro una media de 90 nuevas viviendas turísticas en Andalucía.
En la provincia de Málaga, donde más viviendas de uso turístico hay registradas (74.747) el incremento es de 6.289 (+8,4%). Y en la ciudad de Málaga, que este sábado vivió una masiva manifestación contra el turismo masivo y sus efectos en el encarecimiento de la vivienda, el incremento porcentual es aún mayor que la media andaluza: 1.303 nuevas viviendas desde el 22 de febrero, hasta un total de 12.426 inscritas. Es decir, un 11,7% más, casi diez nuevas al día en la capital de la Costa del Sol.
En realidad, la constatación de que la Junta de Andalucía ha dado de baja casi 2.500 viviendas turísticas de su registro subraya las limitaciones del sistema, que se articula sobre una clave de bóveda que el Gobierno de Moreno esgrime casi como bandera ideológica: la declaración responsable. Este mecanismo administrativo permite al administrado operar en determinados ámbitos sobre la base de su propia declaración. Si dice que cumple los requisitos, adelante. Solo a posteriori, la administración puede (o no) comprobar que, en efecto, es así.
Para el Gobierno andaluz, que señala a la burocracia y la lentitud de los trámites administrativos como uno de los lastres a la actividad económica, es el mecanismo ideal: transfiere el peso de la tramitación y la responsabilidad al ciudadano.
En el caso del Decreto de Viviendas Turísticas, quien quiere poner su vivienda en uso turístico debe presentar una declaración responsable con hasta ocho puntos. Entre otros, debe declarar que el uso es compatible con la ordenación urbanística municipal. También, que los estatutos de la comunidad de propietarios no lo prohíben.
Con esa declaración, y a priori, la Junta de Andalucía da el visto bueno. Pero por ahí se cuelan los incumplimientos. De las palabras de Fernández-Pacheco se deduce que a algo así responde la actuación correctora de la administración andaluza, que actúa contra viviendas turísticas inscritas en su registro a pesar de incumplir la normativa urbanística municipal. Tampoco son extraños los casos de viviendas turísticas inscritas pese a que los estatutos de la comunidad lo prohíben, incluso después de que se hayan elevado a público.
Dijo el portavoz que su Gobierno trabaja en “aterrizar” caso a caso, dando audiencia a los interesados, para comprobar si hay incumplimientos. “La declaración responsable no es patente de corso”, advirtió. Según la Consejería de Turismo, los motivos fundamentales de las bajas son la “falta de actividad o de licencia de ocupación”, y se deben al “trabajo de inspección”. Sin embargo, para revisar esos supuestos la Junta actúa casi siempre a instancias de los ayuntamientos o de los vecinos (se abrió un portal de denuncias), según explican administradores de fincas y abogados consultados por este medio. Hasta ahora, pocas veces de oficio.
Este miércoles, la Asociación de Profesionales de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avva Pro) ha advertido a los gobiernos autonómicos y municipales con llevarlos a los tribunales si no respetan “los derechos de los propietarios” al aplicar el decreto. Deben tener “posibilidad de audiencia y personarse en la causa para alegar”, ha reclamado Nando Chaves, vicepresidente de la asociación, en declaraciones a Europa Press.
El caso de Sevilla capital, desmenuzado por este medio, es sintomático. Allí, el ayuntamiento (gobernado por el PP) ha pedido a la Junta de Andalucía que elimine 715 viviendas del registro que no cumplirían con los requisitos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Hace dos años, con el PSOE al frente, el consistorio modificó el PGOU para imponer –entre otros requisitos– que estas viviendas sólo puedan estar en el bajo o la primera planta de un bloque. A eso se agarra ahora el equipo de gobierno de José Luis Sanz para pedir a la Junta que las excluya. La mayoría están en el Centro y Triana, las zonas más masificadas.
En Málaga, la saturación de viviendas turísticas es aún mayor. Aquí están las calles y plazas con mayor porcentaje de pisos turísticos de España (Plaza de la Merced, Carreterías y Álamos), en torno al 25%, según una investigación de El País. Durante años, la oposición y movimientos vecinales han exigido al alcalde Francisco de la Torre (PP) que actúe, en vano. Siempre alegó que le faltaban las herramientas.
Su primer paso llegó apenas 15 días antes de la manifestación, lo que muchos interpretaron como un intento de desactivarla. Prohibió registrar nuevas viviendas turísticas que no tengan entrada diferenciada y retrotrajo la prohibición a febrero (cuando entró en vigor el decreto), cifrando en 800 las solicitudes que podrían estar afectadas.
Ocurre que el criterio de la entrada diferenciada está previsto en el PGOU de Málaga desde 2011 para servicios terciarios de alojamiento. El ayuntamiento argumenta que antes no podía hacer valer el PGOU, porque la regulación autonómica vigente hasta febrero (el decreto de 2016) no recogía la obligatoriedad de que las viviendas turísticas cumpliesen con esa norma, al no categorizarlas como tal. La oposición niega el argumento. El alcalde también reiteró que se sigue trabajando en una ordenanza que limite las viviendas turísticas en función del grado de saturación de la zona, y que establecerán el terreno de juego definitivo.
Un día después de la masiva manifestación del sábado (25.000 asistentes, según el Sindicato de Inquilinas; 5.500, según la Policía), De la Torre replicó en X (antes Twitter) con una inusual ristra de mensajes en los que descargó responsabilidades de la falta de vivienda asequible en la ciudad: apuntó al Gobierno central (al que pidió “cambios legislativos para no frenar alquileres de larga duración” y estimular la construcción); a promotores y constructores; a legisladores autonómicos y estatales (“Urge la normativa!!”); y hasta a la okupación (“deben revisar las últimas leyes que desaniman claramente la oferta de viviendas en alquiler”.
Todos venían con la firma con la que se atribuye la autoría propia, y no a su equipo de comunicación. Otra señal de que, tras el golpe en la mesa del sábado, el asunto de las viviendas turísticas y su impacto ha puesto en guardia a todos, desde la Casona del Parque en Málaga al Palacio de San Telmo de Sevilla.
