Si hay un modelo que puede servir de termómetro para medir las intenciones del actual Gobierno con la sanidad concertada ese es el de las mutualidades de funcionarios civiles del Estado (Muface), judiciales (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas).
Pese a que el Ministerio de Sanidad ha defendido que no tiene ninguna intención de hacerlos desaparecer, su muerte lenta no se ha descartado como opción, a tenor de la situación que viven los más de 1,5 millones de personas (1,1 funcionarios y 400.000 beneficiarios) adscritas a este tipo de asistencia sanitaria en Muface.
La escasa dotación económica del concierto de esta mutualidad complica la atención a un segmento de población cada vez más envejecido. Desde 2011, la edad media los mutualistas ha aumentado en 7 años, hasta situarse por encima de los 46 años. Esta tendencia influye en una mayor frecuencia del uso de los servicios asistenciales y una siniestralidad que se sitúa por encima del 100%.
Tanto la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) como UGT y CC OO, vienen denunciando desde hace 2 años la situación que viven los asegurados: recortes en los cuadros médicos, cada vez menos centros asistenciales, clínicas y especialidades médicas –como las de oncología y radioterapia–, el cobro de algunas pruebas médicas, el retraso en el abono de la prestación por incapacidad temporal cuando el personal funcionario entra en situación de baja, la ausencia de la atención primaria en pequeñas poblaciones y la merma en las ayudas sociales, entre otras.
Todas las esperanzas están puestas en la negociación del nuevo concierto –2025-26– cuyas condiciones tienen que cerrarse antes de que finalice este año. La última reunión al respecto tuvo lugar el pasado 24 de junio, presidida por secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, acompañada por la directora general de la Mutualidad, Myriam Pallarés.
En ella, la Administración reconoció que el 10% de incremento de la prima en el concierto anterior – 2022-24– se lo había "comido la inflación". Recordemos que este contemplaba un fondo de 3.571 millones de euros y una prima (cantidad con la que participa la Administración en la atención sanitaria) que se ha ido incrementando hasta el 10% de manera progresiva, a lo largo de sus tres años de vigencia (se incrementó un 8% en 2022, un 0,75% en 2023 y un 1,25% en 2024). Pero reconocer que fue "lo comido por lo servido" no tiene por qué significar un cambio, aunque los sindicatos confían en que así sea.
La directora general de Muface dejo claro en la reunión que "no hay negociación como tal con las entidades aseguradoras", es decir, que lo que se plantea es un concierto con unas condiciones, a las que estas últimas pueden suscribirse o no. Actualmente son tres las compañías que procuran asistencia sanitaria a los funcionarios civiles: SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV Seguros.
La primera amenazó a mediados de junio con no formar parte del futuro concierto si las condiciones no cambian "de forma significativa". Javier Mira, presidente de SegurCaixa, señaló que las actuales "lo hacen inviable y deficitario para la compañía".
El Gobierno ha emplazado a los sindicatos miembros del Consejo a septiembre para cerrar los puntos clave del nuevo convenio. Sin embargo, se ha comprometido a compartir con ellos durante este mes el informe que la Comisión Europea solicitó sobre la tramitación del nuevo concierto, según informan fuentes de CSIF a este periódico.
Otro tema clave en el rompecabezas de Muface es que las negociaciones del nuevo concierto se han producido sin tener las conclusiones de la auditoría de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que el Ministerio para la Trasformación Digital y de la Función Pública encargó hace 2 años para evaluar la sostenibilidad de esta entidad.
Según CSIF, los datos no estarán disponibles hasta finales de año, que es cuando debe firmarse el nuevo acuerdo. Es decir, que una información que hace 2 años parecía esencial para que el Gobierno decidiera como proceder con este modelo de sanidad concertada, ahora no lo es tanto.
Lo que sí parece seguro es que la situación de incertidumbre de sindicatos, aseguradoras y usuarios va a continuar unos meses más. Mientras tanto, es muy posible que se mantenga la tendencia a la pérdida de mutualistas. Tal y como informaba CSIF hace un mes, los funcionarios civiles que optan por la sanidad concertada han descendido de 768.661 a 766.915 (-1.746) desde 2020, mientras que han aumentado los que prefieren ser atendidos en la Seguridad Social (pasaron de 242.690 en 2020 a 335.427 este año).
