El próximo 17 de julio, el presidente del Gobierno expondrá en el Congreso de los Diputados los primeros detalles de su Plan de Renovación Democrática. Por lo poco que Sánchez ha adelantado en distintas intervenciones y a la vista de su trayectoria, son demasiados los detalles que resultan inquietantes con respecto a la posibilidad de que el PSOE lidere una legislación específica que pueda afectar a los medios de comunicación. Bajo la excusa de combatir la desinformación, cualquier limitación coactiva, especialmente la dirigida contra las cabeceras críticas con el Gobierno, constituiría una amenaza de enorme gravedad para un derecho fundamental. En primer lugar, es muy revelador que el presidente Sánchez sólo haya comenzado a aludir a la desinformación en el momento en el que varios periódicos hemos publicado información veraz y contrastada sobre la actividad profesional de su esposa o su hermano. Hechos que, además de muy poco estéticos, podrían, incluso, ser constitutivos de delito. Asimismo, el sesgo ideológico con el que el presidente intenta circunscribir el problema de las noticias falsas a medios conservadores demuestra su indisimulada intencionalidad política. La desinformación es un riesgo real y cierto, pero intentar capitalizar este fenómeno en beneficio propio, dada la extraña relación que el propio presidente y su equipo guardan con la veracidad, resulta casi grotesco. Es más, Pedro Sánchez suele hacer un uso deliberadamente confuso de la regulación europea a este respecto. En primer lugar, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación es una norma en vigor y de aplicación directa que no requiere trasposición alguna. Basta, pues, con que se cumpla esta norma que es de rango superior a cualquier legislación ulterior que pudiera aprobarse en el marco nacional o autonómico. La falacia del presidente es aún más grave porque los sucesivos detalles que ha ido anunciando de su plan (castigar a supuestos pseudomedios, limitar la publicidad institucional…) vendrían a colisionar tanto con el espíritu como con la letra de la norma comunitaria. El reglamento europeo tiene como propósito esencial la protección de la libertad editorial y el pluralismo de los medios de comunicación, dos de los pilares principales de la democracia. Esta ley menciona de forma explícita la necesidad de proteger a la prensa de las injerencias directas o indirectas «del Estado o de otros agentes, incluidas las autoridades, los cargos electos, los funcionarios gubernamentales y los políticos», algo que este Ejecutivo ha fomentado desde el desigual e interesado trato a los distintos medios de comunicación. La aversión de Pedro Sánchez al pluralismo informativo queda acreditada en el momento en el que se nombra presidente de la agencia EFE a un exsecretario de Estado o presidenta de RTVE a una militante de carnet, precedentes insólitos en la cultura política europea. La profesión periodística en su conjunto debería reaccionar de forma rotunda y unánime ante una eventual legislación que pudiera menoscabar un pacto de libertades que se remonta, como poco, a mediados del siglo XX. El poder político siempre ha tenido mecanismos discretos o explícitos para intentar menoscabar la independencia editorial y este Gobierno no es una excepción. La promoción de esa libertad debe ejercerse de forma transversal y compartida por la ciudadanía y los profesionales de la comunicación, sean de la ideología que sean. Pedro Sánchez se retratará con su propuesta, pero también lo hará nuestro ecosistema mediático en el caso de que no defienda, con la vehemencia y rotundidad debida, su propia autonomía respecto al poder político.
