Rodrigo Chaves confirmó que discutió la idea sobre Defensoría con abogado constitucionalista.
El gobierno confirmó que el plan para cerrar la Defensoría de los Habitantes formó parte de una “lluvia de ideas” sobre proyectos para llevar a referéndum, según indicó Laura Fernández, ministra de la Presidencia.
La reacción de Zapote se produjo este miércoles durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial, después de que Manrique Jiménez, abogado constitucionalista, revelara que el Ejecutivo consideró incluir el cierre de la Defensoría en una propuesta preliminar de referéndum, la cual finalmente fue descartada y no se incluyó en la “ley jaguar”.
“Se estudiaron numerosas ideas, propuestas y proyectos legislativos en curso, así como propuestas de grupos notables y personas involucradas en estas discusiones. No hubo un análisis exhaustivo, fue una lluvia de ideas.
“Es lamentable que alguien que asistió a una reunión de lluvia de ideas y decidió no participar en la elaboración del referéndum ahora salga a los medios haciendo afirmaciones tan categóricas”, dijo la ministra de la Presidencia.
Durante la conferencia de este miércoles, el presidente Rodrigo Chaves añadió que la idea del cierre de la Defensoría se “peloteó”.
“Doña Natalia Díaz intentó involucrar al equipo de constitucionalistas. Él vino, pero no aportó mucho. No lo conozco bien; solo lo he visto en dos ocasiones: una vez en mi oficina con una propuesta específica y otra durante la discusión de ideas”, añadió Chaves.
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Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, expresó su preocupación ante la posibilidad de plantear una idea de esa naturaleza, ya que sería una señal negativa para el fortalecimiento de la democracia.Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, expresó su preocupación ante la posibilidad de plantear una idea de esa naturaleza, ya que sería una señal negativa para el fortalecimiento de la democracia.
Sin embargo, Chaves alegó que, aunque la propuesta fue descartada, él no considera antidemocrático el cierre de esta institución y acusó a su jerarca de defender intereses económicos .
“No comparto su opinión. Entiendo por qué ella defiende la institución que recibe un presupuesto significativo. ¿Cómo amenaza esto a la democracia? ¿Está la Defensoría cumpliendo con su función? ¿Existen lagunas legales en la protección de los derechos humanos en Costa Rica que justifiquen un presupuesto anual de ¢10.000 o ¢12.000 millones? Con todo respeto, no comparto la opinión de doña Angie”, afirmó Chaves.
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