El Ministerio de Trabajo atajará el estatuto del becario después de finiquitar la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media. La fecha estimada para ejecutar la medida es septiembre, pero la cartera dirigida por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no cesará durante el verano para intentar un acuerdo con la patronal. El texto sí ha tenido el visto bueno de los sindicatos, que cerraron un pacto con el Gobierno el pasado 9 de junio, pero la CEOE mantiene el rechazo al documento. Si los empresarios no ceden u ofrecen propuestas alternativas, Trabajo seguirá adelante con el acuerdo de dos de las tres partes.
Trabajo no quiere demorar más las medidas que lleva meses esperando implementar. En Sumar consideran que una de las razones más importantes por las que han perdido tirón electoral desde el 23-J se debe a la falta de medidas que vender a los ciudadanos. Durante la pasada legislatura, la formación pudo presumir de las subidas de salario mínimo, la reforma laboral... distintas medidas que impulsaron la candidatura de Díaz hasta superar los 30 escaños el pasado julio.
En este año, la formación ha perdido casi la mitad de sus votantes, según los últimos sondeos publicados, y la hoja de ruta ahora es clara: aprobar medidas sociales para remontar en las encuestas. Por eso, el sí de la patronal, con el que contó Trabajo al inicio de la pasada legislatura, ya no es imprescindible. No lo será en la reforma para la reducción de la jornada laboral y tampoco en el estatuto del becario, que pretende blindar a estos trabajadores en formación para evitar prácticas fraudulentas o que, de facto, realicen la labor de un trabajador: “Las prácticas no deben ser una excusa para el abuso o para cubrir puestos de trabajo”, afirmó Díaz durante la presentación del acuerdo con Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
El Ministerio quiere impulsar el estatuto en septiembre, aunque rehúsa dar una fecha concreta porque puede estar sujeta a modificaciones. No sería la primera vez que Trabajo aplaza la aprobación de un proyecto por la petición de la patronal, y aunque la prioridad es sacarlo con o sin su apoyo, no dejarán de escuchar las propuestas que planteen los empresarios. La vicepresidenta buscará un acuerdo entre sindicatos y la CEOE, pero no hay demasiadas esperanzas después de las negociaciones para reformar el horario laboral. El Ejecutivo ha acusado en reiteradas ocasiones la falta de propuestas de los empresarios, mientras estos han criticado que la decisión de reducir la jornada ya estaba tomada antes de sentarse a la mesa de negociación.
El Gobierno está en la recta final para aprobar la reducción de la jornada laboral. La medida estrella de Sumar que ya se encuentra vigente en países europeos como Francia, Islandia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos o Noruega. Aunque en cada uno de ellos la cifra varía levemente: mientras en el país danés alcanza las 37,2 horas semanales, su vecino nórdico la cifra en 38.
La intención de Trabajo es dejarla en 37,5 horas, esto es, dos horas y media menos a la semana: un total treinta minutos al día. Pero su aplicación no será inmediata sino progresiva. En 2024 se reducirá hasta las 38,8 horas y en 2025 se alcanzará el objetivo de las 37,5 horas semanales.
El Ejecutivo sí ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, pero no con la patronal. La ministra del ramo aseguró este martes, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que "ojalá" pudieran hacerse públicas las negociaciones como garantía de la poca colaboración que muestran, según afirmó Díaz.
Trabajo ultima los últimos detalles de una medida que quiere implantar cuanto antes tras ocho meses de Gobierno en los que no ha podido hacer gala de ninguna medida. La agenda legislativa se ha paralizado por el carrusel de convocatorias electorales —cuatro en seis meses: Galicia, País Vasco, Cataluña y las europeas—, y en Sumar quieren pisar el acelerador para impulsar el motor que relanzó el perfil de la vicepresidenta.
