Latinus respondió al Gobierno de México y negó estar involucrado en actividades relacionadas con lavado de dinero y corrupción, como aseguró Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), este miércoles.
“Latinus conoce perfectamente bien sus obligaciones y derechos y tenemos todo en regla. Rechazamos tajantemente que desde el medio se haya cometido algún acto ilícito como se señala”, dijo en un comunicado compartido por Carlos Loret de Mola.
El periodista aseguró que la investigación abierta por la UIF fue provocada por las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El Gobierno quiere desaparecer #Latinus en venganza por haber revelado la corrupción y el tráfico de influencias de sus hijos”, añadió el comunicador en Instagram.
Pablo Gómez explicó que las pesquisas sobre el consorcio Latinus iniciaron por una denuncia interpuesta en mayo de 2021, es decir, hace más de tres años, por actividades relacionadas con lavado de dinero y corrupción.
El titular de la UIF aclaró que el consorcio Latinus está conformado por cinco empresas, de las cuales dos presentaron actividades sospechosas: BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic S.A. de C.V.
Dichas compañías obtienen sus recursos de entidades públicas, como los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa, y según Pablo Gómez “a cambio de que se facture a nombre de ellos, reciben productos farmacéuticos y de salud”.
“El consorcio Latinus se caracteriza por calumniar con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales que no están en los presupuestos de Comunicación Social ni en Publicidad, sino en medicinas”, destacó.
Al respecto, Latinus dijo que Pablo Gómez “en un claro abuso de poder y a manera de confesión sobre sus motivaciones, se refirió al trabajo periodístico del medio como calumnias y difamaciones, en línea con lo que ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las investigaciones que han evidenciado actos de corrupción” en su Gobierno.
“La política de este Gobierno desde un principio fue la de respeto al artículo 7 de la Constitución, a la inviolabilidad de difundir opinión de ideas de cualquier tipo en cualquier medio”, dijo Pablo Gómez al subrayar que la investigación de la UIF a Latinus no afecta a Loret de Mola.
El funcionario destacó que Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, dueño, ejecutivo o gerente del consorcio ni aparece en las actividades administrativas analizadas por Inteligencia Financiera.
El rumor de que el órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició con la publicación de Peniley Ramírez, quien aseguró tener documentos que probaban que la UIF pidió información a casas de bolsa, de cambio, bancos y sociedades financieras sobre Loret de Mola, su esposa Berenice Yaber y el periodista Víctor Trujillo.
La periodista explicó en su columna en Reforma que a partir de esta orden, los bancos debían responder a la UIF si tenían cuentas bancarias y los saldos en ellas, además de entregar copias de cualquier contrato de crédito o préstamo así como transferencias internacionales, en caso de que se hayan realizado.
