Washington. El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dictamina que un expresidente goza de amplia inmunidad procesal puede influir en los otros casos judiciales a los que se enfrenta Donald Trump.
El fallo concluye que un presidente “tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales”. Esto no se aplica a los “no oficiales”.
Juez de Nueva York aplaza sentencia a Donald Trump hasta el 18 de setiembre
El dictamen provocará, como mínimo, retrasos en los juicios contra el expresidente de 78 años y puede llevar a la anulación total de los casos, según expertos jurídicos.
Esta es la situación de los cuatro casos penales contra el candidato republicano a las elecciones de noviembre.
Tras el fallo de la corte los abogados de Donald Trump pidieron al juez de un tribunal de Nueva York que anule el veredicto del 30 de mayo que le declara culpable de “falsificación contable agravada” para ocultar el pago hecho a una exactriz porno para que guardara silencio sobre una relación extramatrimonial que ella asegura haber mantenido con él en 2006, de modo que no le perjudicara en los comicios de 2016.
El martes, el juez fijó su decisión sobre este recurso para el 6 de setiembre y aplazó la fecha en la que debía hacerse pública la condena, del 11 de julio al 18 de setiembre.
Este caso se refiere al pago de $130.000, disfrazados en honorarios legales, a la exactriz porno Stormy Daniels.
Donald Trump recurrió a la Corte Suprema alegando inmunidad penal como expresidente después de que le acusaran, ante tribunales federales, de haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden.
El juicio, inicialmente previsto para el 4 de marzo en Washington, fue aplazado a la espera del fallo del Supremo.
Se le acusa en particular de “conspiración contra las instituciones estadounidenses” y de “socavar el derecho de voto” de los votantes por haber presionado a las autoridades locales en varios estados clave para invalidar los resultados oficiales.
La Corte Suprema ya ha excluido del dosier todas las discusiones entre Donald Trump y el Departamento de Justicia hasta el final de su mandato y los fiscales tendrán que demostrar que los otros actos incriminados quedan al margen de sus responsabilidades presidenciales.
En Georgia (sureste), Donald Trump es procesado junto con otras 14 personas por hechos similares a los de su juicio en Washington, en virtud de una ley de este estado sobre crimen organizado.
En una llamada telefónica a funcionarios electorales de Georgia, Trump pidió que “encontraran 11.780 votos”, el número exacto que necesitaba para revertir la victoria de Biden.
En cualquier caso, el procedimiento está suspendido hasta por lo menos el año que viene debido a que los acusados han pedido que se retire a la fiscal del caso por un presunto conflicto de intereses.
En este otro caso federal, Trump y dos de sus asistentes personales están acusados de negligencia en el manejo de documentos gubernamentales confidenciales tras irse de la Casa Blanca.
Se le acusa de haber puesto en peligro la seguridad nacional al conservar estos documentos (incluidos planes militares o información sobre armas nucleares) después de su mandato en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida (sudeste), en lugar de entregarlos a los Archivos Nacionales como exige la ley.
Tampoco hay fecha para el juicio en este caso.
Asha Rangappa, exagente del FBI (policía federal) y profesora de derecho prevé “todavía meses y meses de retraso” porque la jueza no frena, según ella, las tácticas dilatorias de la defensa.
La jueza de distrito Aileen Cannon, designada por Trump, ya pospuso indefinidamente el juicio y ha demostrado ser “increíblemente comprensiva” con el expresidente, recalca Rangappa.
“Parece estar buscando alguna salida o al menos alguna forma de retrasarlo”, sostiene. Y el fallo de la Corte Suprema se lo facilita.
