La Fiscalía ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que archive la causa en la que investiga si el Ministerio Público delinquió al emitir un comunicado con el que pretendía desmentir diversos bulos sobre el doble fraude fiscal del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y, en caso de que esa petición sea rechazada, reclama que sea el propio González Amador quien explique “qué personas” tuvieron la información sobre el pacto con la Fiscalía objeto de esa nota de prensa.
En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal Francisco Javier Montero rechaza la existencia del delito de revelación de secretos que González Amador atribuye a los dos fiscales contra los que se querelló por presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal que él mismo ha reconocido y por el que ofreció un pacto con la Fiscalía para evitar ir a la cárcel. El fiscal defiende que la Fiscalía se limitó a “desmentir los infundios publicados”, entre otros, por el jefe de gabinete de la propia presidenta regional.
No obstante, en caso de que el juez que instruye la causa, Francisco José Goyena, rechace archivarla, el fiscal cree que debe poner más pruebas en marcha para descubrir de dónde salió la información. Entre otras diligencias, reclama que Alberto González Amador y su abogado, Carlos Neira, comparezcan como testigos para explicar a quién hicieron llegar esos correos electrónicos que fueron publicados por diversos medios de comunicación antes de que se emitiera el citado comunicado. En concreto, pide que expliquen “a qué personas se dio acceso y/o dispusieron de copia del soporte de las comunicaciones mantenidas [con la Fiscalía]”.
En caso de que el juez rechace archivar la causa, el fiscal también pide que se identifique a los trabajadores del bufete en el que Neira es socio que pudieron tener acceso a esas comunicaciones. Asimismo, solicita que se identifique al personal tanto del juzgado como de la Agencia Tributaria que pudo tener acceso a la denuncia que la Fiscalía presentó contra González Amador por delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
El TSJ de Madrid mantiene imputados por revelación de secretos tanto al fiscal Julián Salto, que denunció a la pareja de Ayuso por defraudar 350.000 euros; como a su superior, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un comunicado con el que la Fiscalía de Madrid desmentía informaciones emitidas tanto por el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez; como por varios medios de comunicación. Informaciones publicadas, entre otros, por medios como Libertad Digital, El Debate o Vozpópuli en las que se afirmaba que había sido la Fiscalía la que había ofrecido el pacto al empresario pero que se había echado atrás por “órdenes de arriba”, cuando había sucedido al contrario.
El Ministerio Público, después de escuchar a los dos imputados y a varios testigos como la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, o el jefe de comunicación del organismo, entiende que el caso debe archivarse. Primero, al entender que el contenido del comunicado no tiene relevancia penal y que no afectó a la defensa de González Amador, que a día de hoy sigue explorando ese pacto para evitar la cárcel: “Los correos electrónicos aludidos no son material probatorio”, dice el Ministerio Público, que recuerda, además, que ya habían sido publicados por diversos medios.
En segundo lugar, recuerdo que el objetivo, además, no era revelar secretos sino combatir esas informaciones falsas. “Se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados por los diarios El Mundo y Libertad Digital, así como por el jefe del Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid”, añade. Ni el fiscal Salto ni su superior, la fiscal provincial, tuvieron además responsabilidad en un comunicado que fue ordenado por el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tal y como ha reconocido él mismo.
Así, el fiscal sostiene que la decisión de la distribución de la nota de prensa fue autorizada por el fiscal general con sus instrucciones expresas y directas, y que es él —y nadie más— el máximo responsable (en rango) que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido.
Además, reitera que la decisión de difudir esa nota de prensa fue “plenamente ajustada a derecho y respondió a la función legalmente encomendada de informar a la opinión pública” de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia. A lo largo de su escrito, explica que las primeras noticias citaban fuentes del entorno del empresario, lo que según la Fiscalía descarta que fuera el Ministerio Público el que filtrase esa información.
Las diligencias se encuentran en un punto clave en el TSJ de Madrid: el juez instructor tiene pendiente decidir si envía el caso al Tribunal Supremo, ante el que está aforado Álvaro García Ortiz, tal y como ha reclamado tanto el propio González Amador, como el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejerce la acusación popular.
