El temprano acceso de los menores a la pornografía y a contenidos para adultos es un problema social de enorme relevancia. La alfabetización afectiva y sexual de nuestros jóvenes no puede depender de contenidos que pueden dañar de forma irreversible su correcto desarrollo. Un problema tan relevante y que preocupa a tantísimas personas exigiría un debate sereno y complejo sobre cómo los más pequeños se relacionan con la tecnología. Las familias deben ser las protagonistas en la educación de los hijos, pero el Estado debe procurar establecer herramientas útiles para proteger a los más pequeños, al tiempo que se mantienen intactas las libertades y el anonimato de los adultos. En lugar de afrontar esta realidad de forma prudente y atendiendo a la complejidad del fenómeno, el Gobierno ha ideado un mecanismo de control que no sólo resulta inquietante, sino que, además, se demuestra absolutamente ineficaz e inservible.
