«Los hechos objeto de investigación no pasan del ejercicio legítimo del derecho de manifestación . Pretender algo distinto no es más que la criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales ». Así reza el escrito que Carles Puigdemont ha remitido a la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo para solicitar la aplicación de la ley de Amnistía y el archivo de la investigación por terrorismo contra él por el caso Tsunami , sobre las protestas que convocó la plataforma tras la sentencia del 'procés'. Su defensa, que ejerce Gonzalo Boye, apunta en sus alegaciones que las hechos investigados «ni de haber existido, serían constitutivos de delito alguno». Recuerda además que el Consejo de Europa ya recomendó abstenerse de criminalizar a manifestantes catalanes, presentando las protestas como «si se tratase de delitos de terrorismo », lo que conllevaría la «banalización del propio concepto de terrorismo». El abogado señala también que entre las exclusiones del olvido penal se alude a los actos que puedan ser calificados como terrorismo según la directiva europea, o causar intencionadamente violaciones de los derechos humanos. Entre éstas, que «nadie podrá ser privado de la vida intencionadamente». A este respecto, subraya que, pese a las especulaciones, la muerte de un ciudadano francés en el aeropuerto de Barcelona, durante la primera protesta de la plataforma, fue fortuita y «jamás intencionada». «Y, menos aún, relacionada con las manifestaciones de Tsunami ». Sino por las «propias circunstancias y padecimientos médicos del fallecido», que sufría problemas cardíacos. «En definitiva, en el caso que nos ocupa, es evidente que no estamos ante ninguna violación grave o manifiesta de los derechos humanos y, por tanto» no concurre su exclusión del olvido penal. La defensa de Puigdemont sostiene que, por muy concurridas que fuesen las manifestaciones tras la condena del 1-O , éstas se enmarcan en el ejercicio de un derecho y por ello solicita el sobreseimiento libre para su cliente. La Audiencia Nacional instruye las pesquisas sobre el caso Tsunami desde hace casi cinco años. Fue el pasado febrero, cuando la Sala Penal del Supremo acordó investigar por terrorismo a Puigdemont, entonces eurodiputado, -y también al republicano Ruben Wagensberg-.
