En pleno enfrentamiento entre Gobierno y PP tras las dudas expresadas por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, sobre la imparcialidad del Tribunal Constitucional, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha irrumpido en escena para alinearse con el Ejecutivo y acusar a los populares de generar desconfianza en las instituciones del país. En un comunicado la asociación recuerda que el TC «es piedra angular en la bóveda del Estado de derecho que nuestra Constitución define y sanciona. Sus magistrados son independientes e inamovibles (...) Es la garantía de la ciudadanía y de la efectividad de nuestra Constitución. Las imputaciones que arbitraria e intencionadamente se le dirigen no tendrán más resultado que generar recelo y desafecto en la ciudadanía respecto sus instituciones y del Estado de Derecho que la ampara», señala. Recuerda, además, que los miembros del Tribunal Constitucional han sido designados «conforme a los procedimientos y las normas previstas para ello con un alto grado de consenso en las instituciones parlamentarias. Su composición responde a la decisión del Congreso y Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, que hicieron los nombramientos y se ajustan al marco legal que la Constitución y las Cortes han previsto». «La crítica a la imparcialidad o independencia del Tribunal Constitucional, sin fundamento en hechos objetivos, solo aporta deslegitimación a una función crucial en el Estado de Derecho. Por ello es fundamental que los representantes políticos muestren moderación y coherencia en el respeto a las instituciones, pues el Tribunal Constitucional es el garante leal de nuestra Constitución y de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Dice JJpD que la crítica a las resoluciones judiciales es «plenamente legítima», pero no al tribunal que las dicta, «en cuya conformación intervienen quienes dispone la ley, por el procedimiento reglado y con las exigencias que requiere el ordenamiento jurídico». «Una crítica que socava aspectos fundamentales para un tribunal, como su imparcialidad o independencia , además de no responder a más realidad que la subjetiva opinión de quien ve sus particulares intereses frustrados, sólo aporta deslegitimación a una función que resulta crucial en el Estado de Derecho. El interés de unos no justifica destruir las instituciones de todos«. Y añade que criticar no sus resoluciones sino su composición es una »irresponsabilidad inaceptable«. No deja de resultar paradójica la encendida defensa de la asociación judicial a las instituciones elegidas «conforme a los procedimientos y las normas previstas para ello con un alto grado de consenso en las instituciones parlamentarias» con las críticas a las que JJpD ha sometido públicamente hasta su reciente renovación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), otro de los órganos cuya composición estuvo sujeta a las mismas reglas cuando se conformó en 2013. O las presiones promovidas contra sus vocales para forzar su renuncia ante el bloqueo en las negociaciones los partidos responsable de su renovación.
