El Gobierno mueve ficha para tratar de reforzar la ley de Vivienda y se lanza a poner límites a los usos distintos al alquiler tradicional tras la fuga de propietarios vivida desde su puesta en vigor hace un año . La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles que se reformará mediante un real decreto urgente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para acotar los alquileres temporales a «causas demostrables» y que se modificará la Ley de Propiedad Horizontal para que las juntas de vecinos puedan vetar los pisos turísticos. Lo ha dicho la ministra este miércoles en una rueda de prensa en la que ha transmitido las conclusiones del grupo de trabajo para la regulación del alquiler de temporada, que se ha reunido hoy por última vez. En ese marco, Rodríguez ha dicho que tras analizar las distintas propuestas, se ha resuelto con que se debe «proteger» los contratos de arrendamiento temporal, pero para los casos que se prevé y no para que los propietarios lo usen con motivo de saltarse la LAU. Con ese fin, ha dicho que se activarán distintos mecanismos y entre ellos se desarrollará el artículo III de la LAU mediante un real decreto urgente para que los alquileres temporales se ajusten a casuísticas concretas, como la que tienen los estudiantes universitarios o los investigadores, de manera que se tenga que demostrar la causalidad del contrato. «La temporalidad dependerá de la causa. Si es escolar 9 meses; si es un acontecimiento deportivo dos meses; si es una investigación un año», ha puesto a modo de ejemplo la titular de Vivienda. Para Rodríguez se trata de una adaptación legal para que los caseros no abusen de la ley. «Se trata de dar seguridad jurídica y garantías a las personas que necesitan de este tipo de alojamientos», ha remarcado. También ha dicho que este fenómeno es uno de los responsables de la falta de oferta de alquiler y de los altos precios «al igual que el de alojamientos turísticos». Sobre estos últimos, Rodríguez también ha adelantado que están preparando junto al Ministerio de Justicia una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal «para empoderar» a los vecinos en la decisión de si quieren o no pisos turísticos en sus bloques. (Habrá ampliación)
