La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana sin merma salarial entra en la recta final y es, prácticamente, una realidad para los trece millones de trabajadores en España que se verán beneficiados. Al menos, esa fue la declaración de intenciones que anunció ayer Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo y Economía Social, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sin embargo, a punto de que se apruebe esta medida laboral sin precedentes, no son pocas las dudas al respecto.
Una de las cuestiones más controvertidas tiene que ver con el control de la jornada de trabajo y, por ende, las horas extraordinarias. Según los datos anunciados ayer por la también vicepresidenta segunda del Gobierno, en nuestro país se hacen seis millones y medio de horas extra a la semana, de las cuales la mitad no se pagan. "Las horas extra sin retribuir en nuestro país no van a volver a ver la luz por injusticia", ha prometido Díaz.
En este sentido, es importante saber que desde 2019 es obligatorio para todas las empresas registrar debidamente cuántas horas trabajan sus empleados y cómo se distribuyen las mismas. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo contempla novedades a este respecto. Fue en febrero de este año cuando el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, trasladó a patronal y sindicatos una nueva propuesta que pretende prescindir del papel, porque es una fórmula de registro fácilmente manipulable y difícil de custodiar, que insistió en que "es imprescindible para evitar que los asientos se puedan alterar o manipular por el empresario o por otro sujeto".
El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz está dispuesto a aprobar la reducción de la jornada laboral a 38,5 horas este año y 37,5 horas el que viene antes de las vacaciones de verano. A tal efecto, a finales de junio remitió a los agentes sociales un nuevo borrador del anteproyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral y en el que se contempla que los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias por encima del límite legal del trabajo a tiempo parcial.
Trabajo se niega así a ceder a las demandas de los empresarios y mantiene así el tope en 80 horas extra anuales. En concreto, el documento indica que los trabajadores con jornada parcial o reducida podrán seguir realizando el mismo número de horas tras la entrada en vigor de la reducción de jornada laboral, percibiendo a cambio un aumento salarial proporcional.
"Las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de esta norma. Asimismo, tendrán derecho al incremento proporcional de su salario", dice el texto del borrador del texto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
En cualquier caso, el documento específica que aquellos contratos a tiempo parcial que igualen o superen a la jornada máxima semanal prevista "se convertirán automáticamente en contratos de trabajo a tiempo completo".
Respecto a las sanciones, en el caso de vulneración de la jornada y la jornada nocturna, las horas extraordinarias y complementarias, los descansos, vacaciones, permisos y el registro de jornada las infracciones se aplicarán por cada trabajador.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, únicamente se considerará la comisión de una infracción en los supuestos de ausencia de registro por cada trabajador, así como en los de omisión de datos o inclusión de datos falsos o inexactos.
Se modificará así la ley de infracciones y sanciones también para establecer una multa en su grado mínimo de entre 1.000 y 2.000 euros; en su grado medio, de entre 2.001 y 5.000 euros; y, en su grado máximo, de entre 5.001 y 10.000 euros.
