En una decisión histórica, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes que los presidentes tienen amplia inmunidad frente a la persecución. El fallo, que contó con la mayoría derechista de la corte (incluidos los tres jueces designados por Trump), fue emitido el último día del mandato de la Corte Suprema y apenas cuatro meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre.
Retrasará aún más el juicio penal de Trump por liderar la insurrección del 6 de enero. El fallo pone patas arriba más de dos siglos de precedentes legales, protegiendo por primera vez a los presidentes estadounidenses de la responsabilidad penal. “De un solo golpe, este tribunal ha dejado esencialmente al pueblo estadounidense a merced de los caprichos del presidente de Estados Unidos, de cualquier presidente de Estados Unidos, pero particularmente del señor Trump”, dice Donald Sherman, director ejecutivo y asesor principal de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (o CREW) . También hablamos con Lisa Graves, directora ejecutiva del grupo de vigilancia True North Research, quien dice que el ala conservadora de la Corte Suprema ha dejado al país “desvinculado del Estado de derecho” al adoptar una visión tan expansiva del poder presidencial. “Esta decisión es la más imprudente y peligrosa jamás emitida por la Corte Suprema de Estados Unidos”, dice Graves, en una entrevista con DemocracyNow!.
Acusaciones contra Trump y la inmunidad presidencial: un panorama complejo
En agosto de 2023, los fiscales federales presentaron cargos graves contra Donald Trump por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020. La acusación, que Trump ha desafiado en múltiples ocasiones en los tribunales, detalla los esfuerzos del expresidente para difundir la mentira de un fraude electoral masivo y, al fracasar en sus intentos de usar el sistema legal para anular los resultados, dirigir sus acciones hacia el bloqueo de la certificación electoral el 6 de enero de 2021.
Desde el inicio del proceso, Trump ha catalogado el caso como injusto y políticamente motivado, intentando posponer el juicio hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
Trump también ha defendido que los presidentes están exentos de responsabilidad penal por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Tras la negativa de dos tribunales inferiores a aceptar su argumento de inmunidad presidencial, Trump apeló ante la Corte Suprema.
En una decisión de 43 páginas, redactada por el presidente de la Corte Suprema John Roberts en representación de la mayoría conservadora de 6 a 3, el tribunal estableció que los presidentes gozan de «inmunidad absoluta» para acciones que se enmarquen dentro de los «poderes constitucionales básicos» del cargo. La opinión especifica ejemplos de acciones gubernamentales que caen dentro de esa categoría.
Las acusaciones relacionadas con las interacciones de Trump con funcionarios del Departamento de Justicia para llevar a cabo investigaciones «simuladas» sobre las elecciones de 2020 fueron descartadas. De igual manera, las amenazas de Trump de despedir al entonces fiscal general interino Jeffrey Rosen si no seguía su plan postelectoral no serán admitidas como pruebas de irregularidades en los tribunales.
Según el fallo: “La amenaza de Trump de destituir al fiscal general interino también implica una autoridad presidencial ‘concluyente y excluyente’”, lo que significa que Trump es “absolutamente inmune al procesamiento por la presunta conducta relacionada con sus conversaciones con funcionarios del Departamento de Justicia”.
El tribunal dictaminó que, aunque el presidente tiene «inmunidad absoluta» cuando ejerce «poderes constitucionales fundamentales», esta inmunidad es solo «presuntiva» frente a acciones oficiales. El fallo deja claro que el presidente no es inmune a acciones “no oficiales”.
Un aspecto crucial es que los fiscales no pueden presentar como prueba documentos u otros materiales relacionados con acciones que se enmarquen dentro de los poderes constitucionales básicos del presidente.
La respuesta no es clara. En su fallo, Roberts menciona explícitamente que ciertas actividades (como las interacciones del presidente con funcionarios del Departamento de Justicia) están comprendidas dentro de los poderes constitucionales básicos del ejecutivo. Sin embargo, el tribunal no determinó si otras acciones, como los intentos de Trump de persuadir a los funcionarios estatales para anular los resultados electorales o su participación en la conspiración para presentar listas de electores falsos, son procesables.
En una opinión concurrente, la juez conservadora Amy Coney Barrett expresó que el presidente “no tiene autoridad sobre las legislaturas estatales o su liderazgo”, sugiriendo que sería difícil procesarlo por delitos relacionados con estas interacciones.
El fallo también dejó abierta la cuestión de si Trump puede ser procesado por presionar al ex vicepresidente Mike Pence para detener la certificación de las elecciones de 2020, instruyendo al tribunal de distrito en Washington que evalúe el asunto con el aporte de las partes.
Dependerá de la jueza Tanya Chutkan, que supervisa el caso, interpretar la evidencia, y Trump podría apelar sus conclusiones ante la Corte Suprema.
El juez Juan Merchan en Nueva York aplazó la sentencia de Trump en su juicio penal por pagos de silencio, originalmente programada para el 11 de julio, al 18 de septiembre, tras la solicitud del equipo legal de Trump a la luz del fallo de inmunidad de la Corte Suprema.
Mientras tanto, el proceso del gobierno federal también se retrasará hasta que Chutkan evalúe la evidencia y determine qué aspectos del procesamiento caen dentro del ámbito de la actividad oficial y no oficial.
Es probable que este retraso paralice cualquier veredicto hasta después de las elecciones de noviembre.
Noticia con colaboración de DemocracyNow!
