"No son inocentes porque lo diga la Ley de Amnistía. Lo son desde el día uno. Y lo son porque la legitimidad del uso de la fuerza estaba de su lado, del lado de la Constitución, y porque intervinieron a las órdenes de jueces y fiscales para perseguir delitos". Rotunda y tajante, la Confederación Española de la Policía (CEP) mostraba su alegría por el fin del calvario judicial de los 46 policías nacionales procesados por las cargas del referéndum ilegal del 1-O en 2017.
Hay que recordar que este mismo martes el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, amnistiaba a los agentes, a los que se atribuían delitos de lesiones y contra la integridad moral. En su auto, el magistrado señala que les aplica la medida de gracia porque las actuaciones de los agentes no superan el "umbral mínimo de gravedad", que marcaría su exclusión de la ley de amnistía. Apunta, además, que esas actuaciones investigadas "fueron de escasa duración individual" con un objetivo policial determinado (impedir el referéndum) y "no continuaron una vez conseguido el mismo". Y en este sentido, el texto también señala que las cargas "no se prolongaron en el tiempo más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales".
Y si bien este auto pone fin a siete años de calvario para estos 46 antidisturbios, desde este sindicato policial quieren dejar claro que "estos compañeros son inocentes desde el día uno, con o sin esta norma (ley de amnistía) tan perjudicial para el Estado de Derecho". Así, insisten en que, además, son inocentes porque "la legitimidad del uso de la fuerza estaba de su lado, del lado de la Constitución y del sometimiento al principio de legalidad frente a quienes querían amputar de España a una de sus comunidades autónomas".
Pero llegados a este punto, desde la CEP apuntan directamente hacia la Generalitat, por "perseguir a los policías en sede judicial". Hay que recordar que el Gobierno catalán se personó como acusación en el juicio contra los agentes. "Utilizar recursos públicos para ese fin es de una miseria tal, de una desfachatez tan repugnante, que se califica sola. Pero, ¿sabéis qué? No han vencido y los compañeros son inocentes", matizan. Porque, en definitiva, concluyen que "ni hay independencia, ni las calles de Cataluña se alzaron en una algarada permanente ni los policías han resultado condenados. Están exactamente igual que antes, dentro de España".
Y si de dardos hablamos, el que este sindicato lanza al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es el más directo: "En Cataluña hace falta mucho más apoyo del Estado a los policías nacionales". Porque a su juicio, los agentes viven en un entorno social "hostil", con permanentes cesiones de competencias a los Mossos d'Esquadra. Así, exigen la puesta en marcha "ya" de un plan que incluya medidas económicas (zona especial de singularidad), profesionales (baremo) o sociales (vivienda).
"Cuando más del 20% de los policías destinados en Cataluña son recién jurados (o sea, obligados) es que algo va mal. Interior no puede seguir mirando hacia otro lado por cálculos políticos", sentencian desde la Confederación Española de la Policía.
