La reforma laboral aprobada por el Ejecutivo griego el pasado mes de septiembre y conocida como la «Ley Georgiadis» se ha puesto en marcha en el país heleno. Desde el pasado 1 de julio, ya hay trabajadores y trabajadoras a quien se les ha impuesto una sexta jornada laboral con un recargo de un 40% sobre la base salarial diaria. Las personas trabajadoras no se pueden negar a hacer esta sexta jornada de trabajo. La medida, polémica y en contra de las tendencias que se están dando en otros países de la Unión Europea —como en el estado Español— busca, según el Gobierno griego, mejorar la competitividad y suplir la falta de trabajadores cualificados.
En un primer momento, el por aquel entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Andonis Georgiadis, actual ministro de Salud, aseguró que se trataba de “una medida excepcional y siempre en base a las necesidades de producción”, pero los principales sindicatos del país temen en que esta nueva medida se normalice y se convierta en la norma: “abre las puertas a jornadas laborales más largas y perjudica a la clase trabajadora”, aseguraron en su momento.
“Volver a las condiciones laborales del siglo XIX es una vergüenza para el país”, han declarado desde Syriza, el principal partido en la oposición en el país. Hay que recordar que la reforma fue aprobada gracias a la mayoría absoluta del partido en el Gobierno, Nueva Democracia, y con el resto de formaciones parlamentarias en contra.
De momento la ley se está empezando a introducir en el sector industrial en aquellas empresas de producción continuada, es decir que produzcan las 24 horas del día y en base a las necesidades de producción. La ley, que también está pensada para que en un futuro se pueda aplicar al ámbito de la restauración, entra en conflicto con algunos de los pocos convenios colectivos que quedan en el país, heridos de muerte tras las medidas impuestas por la Troika en el país.
La semana laboral de seis días viene acompañada de otras leyes que aún no se han puesto en marcha pero que empezarán a implementarse próximamente. Una de ellas es la posibilidad de tener un segundo trabajo a tiempo parcial de un máximo cinco horas diarias cuando ya se está trabajando a jornada completa (ocho horas al día).
Desde 1932 y hasta la aprobación de la ley, no estaba permitido tener un contrato a tiempo completo y uno a tiempo parcial, pero en un país con una de las tasas de inflación más altas de la Unión Europea —con respecto al salario medio percibido— esta era una práctica habitual no regularizada.
En ningún caso se establece una jornada laboral de 13 horas obligatoria, como transcendió en su momento, pero sí que se abren las puertas a jornadas más largas de trabajo, algo que rechazan de pleno los sindicatos. En un país laxo con las inspecciones laborales y siempre según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, esta medida también está destinada a tener más control sobre las horas trabajadas y no declaradas.
Estos no son los únicos puntos conflictivos de reforma. En el paquete de leyes también se flexibilizan los despidos –el trabajador puede ser despedido durante el primer año de contrato sin aviso previo y sin derecho a percibir una indemnización–; prevé sanciones más duras contra los piquetes en las manifestaciones, como penas de hasta seis meses de cárcel; y se regulan los «empleos a demanda», lo que provocará que proliferen este tipo de contratos, también conocidos como «contratos de hora cero» y que chocan de lleno con la normativa europea, ya que la tendencia general es la abolición de este tipo de contratación: darle un marco legal hará que se expanda.
En el momento de la aprobación del paquete de reformas, sindicatos y ciudadanía se movilizaron para mostrar su rechazo; hoy en Atenas también se ha convocado una manifestación organizada por los sindicatos para recalcar que los derechos laborales deberían primar sobre los derechos empresariales.
