Sevilla sigue sin limitar sus pisos turísticos por el pulso político que se vive desde el pasado 20 de junio, cuando la oposición municipal en bloque (PSOE, Vox y Podemos-IU) tumbó la propuesta que llevó al pleno el alcalde, José Luis Sanz (PP). Desde entonces se han celebrado dos reuniones para intentar desbloquear la situación, por ahora sin éxito aunque sí han servido para que el gobierno local mejore su propuesta inicial. Esto se traduce por ejemplo en un incremento de las medidas tanto de control como coercitivas, entre las que se incluyen incluso la opción de cortarle el agua y la luz a los inmuebles que desarrollan esta actividad de manera ilegal.
El gobierno municipal insiste en que no tiene competencias legales para imponer una moratoria de nuevas licencias, y se aferra a establecer en el 10% el máximo de pisos turísticos sobre el total de viviendas de un barrio, un porcentaje por cierto que ya superan once zonas céntricas de la capital que están saturadas. Desde la oposición se insiste en rebajar este porcentaje al 2,5% (PSOE) e incluso al 1% (Podemos-IU), lo que en la práctica supondría esa moratoria que no contempla el PP, que a cambio ofrece reforzar la vigilancia de estos inmuebles.
El primer paso sería mejorar la coordinación con la Junta de Andalucía, que es la que inscribe a las viviendas particulares en el registro que les permite tener uso turístico. Y aquí se enmarca la petición ya hecha (y ejecutada) de que elimine la licencia de 715 apartamentos por la sencilla razón de que incumplen la normativa de la capital hispalense: hace un par de años se aprobó una modificación urbanística que obliga a que los pisos con fines turísticos tienen que ubicarse en los bajos o en la primera planta de un edificio. Con un mero cruce de registros en el catastro han quedado al descubierto 715 casos (con fecha hasta el pasado 20 de febrero) en los que hablamos de ubicaciones en una segunda planta o superior.
A esto añade el Consistorio hispalense la intención de incrementar el control municipal dentro de sus competencias, lo que incluye el “establecimiento de medidas coercitivas como la supresión del suministro con las distintas empresas” entre las que se incluyen las compañías públicas de aguas (Emasesa) y limpieza (Lipasam). Esta iniciativa se extendería incluso a la luz, a través de Endesa, una cuestión más completa al tratarse de un servicio privado.
Junto a ello, el PP se compromete a establecer un plan de inspección de estos inmuebles, además de fijar un plan de coordinación con la policía turística. También garantiza que hará un seguimiento más exhaustivo de los acuerdos que adopte la Gerencia de Urbanismo en cuanto a la disciplina urbanística de estas viviendas, ya sean exigencias, prohibiciones o sanciones.
Además de aplicar a estos pisos una tributación del IBI como terciario, que es la calificación que tienen tras el cambio del PGOU de hace un par de años, se pone en la diana no sólo a las viviendas ilegales sino también a las que se define como “problemáticas” y que están provocando fricciones en la convivencia vecinal. Para ello, se habilitará un canal de denuncia con la implicación de administradores de fincas y comunidades de vecinos.
En lo que sí se mantiene inflexible el gobierno de José Luis Sanz es en que no es posible, desde un punto de vista legal, imponer un periodo de tiempo en el que no se concedan nuevas licencias. Así se insiste en el informe jurídico elaborado por la Gerencia de Urbanismo, en el que se llega a apuntar que “es palmario” que el Ayuntamiento de Sevilla “no puede establecer moratoria alguna” en base al decreto del Gobierno andaluz que regula esta tipología de alojamiento.
Para reforzar su tesis, sostiene también que no puede frenarse la concesión de licencias desde el Consistorio. “Tampoco pueden suspenderse ya que las mismas son el reconocimiento de un derecho de carácter urbanístico”, resalta el análisis.
El propio gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, apostilla en un documento anexo al informe que el decreto andaluz sólo habilita al municipio a establecer un número máximo de pisos turísticos por razón imperiosa de interés general, “no habilita a moratoria alguna” en el registro de esta actividad. A ello añade que tampoco se pueden suspender las inscripciones en dicho registro, ya que “claramente” hablamos de una competencia autonómica.
Y si el Ayuntamiento hispalense proclama que va a reforzar controles e inspecciones, otro tanto ha hecho este martes el Gobierno andaluz, que ha aprovechado para anunciar que ya le ha quitado la licencia y eliminado de su registro oficial un total de 2.400 de estas viviendas. En esta cifra están incluidas las solicitadas por Sevilla, así como otras 617 en Cádiz. Estos propietarios consiguieron el permiso con una declaración responsable, por lo que ahora la administración autonómica está reforzando las comprobaciones para certificar que se ajustan a lo que requieren la normativa andaluza y los requisitos urbanísticos municipales.
“La declaración responsable no es patente de corso, en caso de que no se cumpla, se saca del registro”, ha subrayado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, que de paso ha anunciado reuniones con las principales capitales para analizar la implantación del decreto andaluz. Eso sí, de partida se descarta introducir ajustes, y es que el desigual ritmo de aplicación en las ciudades se achaca más a la diferente interpretación que están haciendo los gabinetes jurídicos municipales. Eso explicaría que Sevilla no vea opciones para una moratoria, Granada la vaya a implantar en toda la ciudad y Cádiz sólo en los barrios del centro.
