Algo más de tres millones de familias tienen ingresos por el alquiler de propiedades inmobiliarias en nuestro país. La cifra es algo inferior a la del total de autónomos que trabajan en España. La comparación sirve para medir la dimensión política y económica de los 'pequeños' (y no tan pequeños) rentistas en España.
La última estadística detallada del IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas), con datos de 2022, ofrece una radiografía de los declarantes con ingresos por arrendar viviendas, locales o plazas de garaje. Por ejemplo, muestra que una de cada cinco familias con una renta entre 30.000 y 60.000 euros brutos al año tiene unos ingresos medios de casi 800 euros al mes por alquilar propiedades inmobiliarias. Exactamente, son 923.512 rentistas en este tramo.
Estas cifras se disparan según aumenta lo que se gana, y eso que no incluyen los vehículos de inversión en vivienda (sociedades, fondos, socimis...) de los más ricos o grandes tenedores, que no tributan IRPF. En el tramo de renta entre 60.000 euros y 150.000 euros, son tres de cada diez declarantes (315.186 en total) los que tienen rentas por alquilar sus propiedades. Unos ingresos que ascienden a casi 1.300 euros al mes (siempre en promedio). De esta cifra se desprende que tienen arrendadas viviendas más grandes o más de una propiedad.
Los números crecen en los siguientes tramos de renta. Entre 150.000 y 601.000 euros, un 40% de estas familias ricas declaran ingresos por alquilar (60.681 declarantes con 2.000 euros brutos al mes). En el tramo de los ultra ricos, por encima de 601.000 euros de renta, son cerca de la mitad (7.109 declarantes con 2.600 euros). Pero hay que tener en cuenta que son más los que entre estas grandes fortunas invierten en vivienda para obtener rentabilidad a través de empresas (que pagan el impuesto de Sociedades), de socimis o de fondos colectivos, y que, por tanto, no están recogidos por esta estadística del IRPF.
Por debajo de 30.000 euros brutos al año, también aparecen rentistas en la estadística de los declarantes del impuesto de la Renta. Medio millón, un 12% del total, entre 21.000 y 30.000 euros. Otro medio millón, entre 12.000 euros y 21.000 euros (un 10% del total). Ambos, con ingresos que rondan los 600 euros al mes. Los porcentajes de uno de cada diez se mantienen incluso entre los más pobres.
La misma estadística también permite calcular que el crecimiento de los ingresos por alquilar propiedades que tributan IRPF fue del 12% entre 2021 y 2022. Esta tendencia se ha mantenido en 2023 y en lo que va de 2024, según otras fuentes del mercado inmobiliario. Los precios son asfixiantes, sobre todo para los más jóvenes y en las grandes capitales y los principales destinos turísticos, donde se concentran la mayor parte de los puestos de trabajo y de la oferta de alquiler vacacional.
La preferencia de los españoles por la propiedad de la vivienda quedó marcada en una frase que pasó a la Historia: “Queremos un país de propietarios y no de proletarios”. La pronunció el ministro de Vivienda franquista José Luis Arrese en 1957. Desde hace años, esa dualidad entre la vivienda en propiedad y en alquiler viene marcada, sobre todo, por la renta. Los últimos datos publicados por el Banco de España –que corresponden a 2021– señalan que el 16% de los españoles alquila el piso en el que habita, cuando en 2011, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, era el 13,5%.
La renta de los caseros prácticamente duplica la de los inquilinos, como resume el análisis 'El Mercado del alquiler. Fuente de desigualdad', elaborado por el Grupo de Estudios Críticos Urbanos, que contamos en este tema. Un análisis que desglosa cómo la ratio de ingresos de los arrendadores es hasta 2,58 veces superior a la de quienes alquilan sus pisos y que ese diferencial se mantendría en el tiempo aunque bajasen los arrendamientos.
Además, a día de hoy, alquilar una vivienda para vivir se come los ahorros que podrían dar acceso a una hipoteca. “Se estima que, en 2021, un 61% de los hogares que residían en alquiler o en una vivienda cedida no disponían del ahorro necesario para adquirir una vivienda en el municipio en el que residían”, ha reconocido el Banco de España, en un reciente análisis. Además, el supervisor apunta que España es el país europeo donde hay más inquilinos en riesgo de pobreza. Y hay una generación de españoles, de entre 30 y 40 años que acumulan una riqueza financiera de apenas 30.000 euros, lo que les impide acceder a una vivienda en propiedad, cuando sus padres a su edad ya disponían de un riqueza de entre 100.000 y 200.000 euros.
Esta configuración de pequeños propietarios que sí han sido capaces de comprar inmuebles y ciudadanos que no disponen de riqueza financiera para alcanzar esa meta se ha colado en el discurso político y provocado fricciones en el seno del Gobierno de coalición.
“Quiero tener también un mensaje de tranquilidad y de esperanza, de sensibilidad con los pequeños propietarios. Tranquilidad, porque este Gobierno pisa la calle y somos conscientes de que en España, muchas personas, especialmente personas mayores, dedicaron todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos sus ahorros, a la compra de una segunda vivienda que hoy complementa sus rentas. A ellos también les vamos a proteger”, aseguró la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la toma de posesión de su cargo.
Unas palabras que provocaron la reacción de Sumar. El actual portavoz del grupo parlamentario, Íñigo Errejon, criticó esa defensa de los propietarios en la red social X. “No es por aquí”, señaló. “Esto es seguir alimentando el bloque social rentista que después hostiga cualquier intento de avance en derechos. Gobernar tiene que ser una herramienta para democratizar los poderes que no pasan por las urnas. Si no, siempre serás inquilino en el Estado”. También la ahora eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, criticó esa premisa de Rodríguez. “¿De quién necesita el Gobierno de Sánchez proteger a los pequeños propietarios? A quien hay que proteger de los buitres es a las familias, a las personas que alquilan, a las que desahucian las entidades financieras”, indicó en la misma red social.
Unas críticas a las que respondió la ministra de Vivienda en una entrevista con elDiario.es. “¿En qué pienso cuando hablo de pequeños propietarios? Pienso en personas que han dedicado toda una vida al esfuerzo en ahorrar, que no han disfrutado de un vino o de un viaje porque creían que un piso era el mejor patrimonio que podían dejar a sus hijos en herencia. Un piso que ahora también puede complementar sus pensiones. Personas que tienen miedo a ponerlo en alquiler ante las amenazas y el populismo de la extrema derecha”, justificó. “El Estado les tiene que dar seguridad y tranquilidad para que lo pongan en alquiler asequible. Vamos a responder con garantías públicas”, prometió.
