El juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se instaló el último lunes 1 de julio. Tras ello, se procedió a la presentación del fiscal José Domingo Pérez sobre la acusación contra la excandidata presidencial y otros 40 coacusados por delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción. Un detalle clave del Caso Cócteles serán los montos que, según el Ministerio Público, se habrían lavado.
De acuerdo con el acta de enjuiciamiento, la cual reúne las pruebas fiscales presentadas y admitidas por el juez Víctor Zúñiga, Fuerza Popular —operando como una organización criminal— habría lavado activos de origen ilícito que luego se introdujeron en las cuentas del partido político.
Según la tesis fiscal, se habría empleado la modalidad del "pitufeo" para que los millonarios montos ingresaran, a través de pequeñas transacciones, a Fuerza Popular simulando donaciones de falsos aportantes. También a través de los famosos "cócteles" o "rifas" para el blanqueo del dinero.
El Ministerio Público estima que Fuerza Popular habría lavado $17,307,359 entre los años 2010 y 2016. El fiscal José Domingo Pérez deberá demostrar a la sala a cargo del Caso Cócteles que todo ese dinero fue blanqueado para evitar que los verdaderos aportantes de las campañas de Fuerza 2011 y de Fuerza Popular sean declarados.
Según la Fiscalía, hay 11 hechos que evidencian lavado de activos. Los aportantes son los siguientes: Rassmus con Enrique Gubbins (S/3’730,000 entre 2015-2016), Credicorp con Dionisio Romero (S/3’650,000 entre 2010-2011), Rassmus con Enrique Gubbins (S/3’500,000 entre 2010-2011), MVV Bienes Raíces (S/2’192,860 entre 2014-2018), Confiep (S/2’077,500 en 2011) y Odebrecht (S/1’000,000 en 2011).
Con montos menores al millón de dólares, Inversiones Piuranas con Dionisio Romero (US$450.000 en 2016), Rassmus con Enrique Gubbins (US$440.000 entre 2012-2014), Vito Rodríguez Rodríguez (US$200.000 en 2011), Club de la Construcción (US$52.000 y S/18.000 en 2015) y Luis Santiago Calle Quiroz (US$15.000 en 2011).
En el marco del Caso Cócteles, la Fiscalía pide para Keiko Fujimori 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia.
Al respecto, el fiscal José Domingo Pérez sustentó la primera parte de la acusación contra los más de 40 imputados en el proceso. Aseguró contar con diversos testimonios que prueban que Keiko Fujimori fue la líder de una organización criminal constituida para disfrazar los millonarios aportes recibidos para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
