Después de crear expectativas sobre múltiples asuntos, la propuesta de referéndum de la llamada ‘ley jaguar’ resultó ser una reforma al sistema de control de la Contraloría.
Las palabras importan, ya que, al poner nombre a lo que pensamos y sentimos, se crean realidades. En el Ejecutivo lo saben, pues uno de sus terrenos de batalla es la narrativa. Por eso corresponde llamar al expediente 24364 no “ley jaguar”, sino como lo que es, un proyecto que se discute según el debido proceso.
Ayuno de resultados tangibles, carente de obra pública, con servicios públicos colapsados y deteriorados, un gabinete inestable como ningún otro y las promesas de campaña en el anaquel del olvido, la presidencia diseñó una estrategia para la segunda mitad de su mandato que le produzca niveles favorables de aprobación basándose en un ambiente de confrontación y polarización que parece más propio de un período electoral que de un plan de gobierno (¿lo hubo?).
La estrategia requiere, como dicta el manual del populismo, enemigos a los cuales acusar de todos los males que afectan al país y le “impiden gobernar”. El conflicto imaginario y narrativo mantiene la discusión alejada de las debilidades de su gestión, los escándalos de corrupción y los problemas estructurales, y a sus seguidores, enardecidos con la disputa de turno.
Para Yascha Mounk, de la Universidad de Harvard, en esa hoja de ruta, los populistas dirigen sus ataques, en la deriva autoritaria, hacia la prensa independiente y los órganos de control que no pueden manejar.
Numerosos han sido los ataques a la prensa —exceptuando aquella que acompaña complaciente la puesta en escena de cada miércoles—, cuyo precedente se remonta a la campaña electoral del 2022, cuando el “tsunami” que iba a “destruir” a Canal 7 y La Nación se convirtió luego en la instrumentalización de las instituciones públicas para minarlos con base en mentiras, o bien, videos en TikTok.
Mounk plantea que “las mayores iras y los ataques más implacables suelen estar reservados para aquellas instituciones estatales que no están bajo la influencia directa del gobierno populista” y “que estas instituciones cruciales son en primer lugar mancilladas atribuyéndoles los problemas del país para luego reformarlas o abolirlas”.
No en vano, cada semana, se reedita un nuevo episodio de confrontación, afrentas y mentiras, sobre algún contrapeso institucional que ejecuta su papel, y cuyo más reciente objetivo es la Contraloría General de la República y su jerarca, Marta Acosta.
El ejercicio del control forma parte del sistema democrático. En Costa Rica, fue en la carta fundamental donde a la CGR se le otorgó el rango constitucional, que la dota de la fuerza y la autonomía suficientes para realizar sus tareas como respuesta a los vaivenes políticos a los que se vio sometida durante los años 30 y 40.
Luego, su Ley Orgánica (7428) y jurisprudencia de la Sala Constitucional, entre otros, consolidaron su marco normativo. Anualmente rinde cuentas a la Asamblea Legislativa, se somete a revisiones de pares internacionales y casi semanalmente su jerarca comparece ante órganos legislativos para brindar insumos.
Además, realiza toda una serie de acciones para garantizar la legalidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos a partir de controles previos y posteriores. Justamente estos han sido el origen de las reacciones iracundas del presidente y el objeto de una propuesta de referéndum.
En cuando menos siete casos de envergadura durante la presente administración (Ciudad Gobierno, escáneres de Racsa, proyecto de venta del BCR, Sinart, contratación INS-Unops, decreto sobre Banca para el Desarrollo), la CGR ha actuado en cumplimiento de sus funciones para alertar sobre los riesgos de ilegalidades y posible corrupción.
Lejos de proceder según el marco normativo, el camino elegido por el Poder Ejecutivo fue el enfrentamiento, utilizando todos los recursos narrativos posibles —plagados de falsedades— para generar desconfianza sobre la CGR y su jerarca. Es como si un paciente atacara al médico que le advierte sobre los efectos de sus malos hábitos, en vez de hacer los cambios que lo beneficien.
Llegamos entonces al punto en que, después de crear expectativas sobre múltiples asuntos, la propuesta de referéndum resultó ser una reforma del sistema de control del cual la CGR es rectora.
No hay que buscar muchas voces que encienden alarmas sobre sus ilegalidades e inconstitucionalidades, basta con conocer el criterio de uno de sus coautores, el excontralor Alex Solís, sobre la improcedencia, es decir, que desde la redacción se conocen estas debilidades.
Entonces, seguir con la propuesta de un referéndum parece tener otro tipo de intereses, más allá del “desarrollo de Costa Rica”, como reza el título del plan, ya que, de no darse debido a las previsibles dudas que encierra, el Ejecutivo convertirá en profecía autocumplida la excusa de que no le permiten gobernar, y hará lo posible para dar continuidad a su gestión y solicitar a la ciudadanía que le otorguen mayoría en la Asamblea a su sucesor.
De paso, tendría combustible para seguir atizando sus ataques a la Asamblea, la CGR, el TSE y la Sala Constitucional. Si logra llegar al momento de la urna, instrumentalizará una herramienta democrática para sus intereses politiqueros, es decir, la convertirá en una campaña electoral. Más mentiras y simplismos vendrán (otro recurso del populismo: hacer ver como sencillas decisiones y procesos que son complejos).
Pero más preocupante aún es que las fuerzas del Ejecutivo se reúnan para pedir un “traje a la medida” sobre el modelo de control que posteriormente se le aplicaría. ¿Qué podría salir mal? Los gobiernos con características autoritarias debilitan las instituciones de supervisión independientes, socavan la rendición de cuentas y la transparencia.
De ahí que organismos como Transparencia Internacional sugieren que la lucha contra la corrupción pase por consolidar la buena gobernanza y el sistema de pesos y contrapesos para que nadie incurra en abusos de poder.
Esto es lo que destaca el Bank of America como una de las fortalezas de nuestro país, puestas en riesgo por el proyecto del Ejecutivo. Justamente, la entidad de donde tomaron el concepto “jaguar” que se convirtió en el mantra del Ejecutivo. Esperemos que ahora también tomen en cuenta la advertencia.
El autor fue fiscalizador asociado en la Contraloría General de la República, es máster en Administración Pública y estudia el programa de Ética, Economía, Derecho y Política en la Universidad Ruhr de Alemania.
