Este lunes finalizó el segundo trámite constitucional de la reforma que extiende a dos días las próximas elecciones municipales y de gobernadores, y que fue aprobada por la Cámara de Diputados. Una votación que había causado ruido entre los sectores políticos dado la eliminación de la ley seca y la discusión en torno al funcionamiento del comercio, pero que profundizó sus diferencias durante esta última jornada, dado el inesperado rechazo por parte del oficialismo a la multa para quienes no concurran a votar.
Una acción impulsada por los diputados socialistas, Raúl Leiva y Leonardo Soto, y que logró que se dejara fuera a la norma que hacía efectivo el aumento de la sanción a 200 mil pesos. Esto, porque la oposición en conjunto solo alcanzó los 74 votos (de 78 apoyos por ley orgánica).
¿Cuál ha sido el argumento del oficialismo? Desde el Partido Socialista, han defendido que no están en contra de establecer sanciones, pero piden que éstas sean razonables en relación al poder adquisitivo que maneja la mayoría de la población, considerando además la crisis en el alza de las tarifas de la luz.
En particular, el diputado Soto sostuvo que el nivel de la multa que contenía el proyecto es la más alta de todos los países de Sudamérica. “El problema es que la sanción que traía este proyecto de ley permitía que una persona adulto mayor sea sancionado por no ir a votar con una multa de hasta 200 mil pesos, que es el monto de una PGU, es casi la mitad del sueldo mínimo, es evidentemente desproporcionada”, afirmó.
En tanto, su par socialista, Tomás de Rementería, aseguró que la “multa se va a reponer” y justificó su voto en contra señalando que “muchas veces no se hacen campañas para motivar a las personas a votar. No hay educación cívica, las personas no entienden el valor de su voto, entonces, sancionarla de esa forma me parecía excesivo. Decidí votar en contra no para que se elimine la sanción, sino que yo espero que en la comisión mixta se llegue a una sanción que sea racional y proporcional“.
En la oposición recuerdan que ha sido el propio Servicio Electoral (Servel) quién ha solicitado se establezca una sanción monetaria para asegurar la concurrencia de la población a sufragar, en contexto de un voto que es obligatorio. Así, desde dicho sector señalan que se está estableciendo un voto voluntario de facto y no son pocos los que se aventuran a acusar al oficialismo incluso de tener motivaciones electorales.
El diputado de Demócratas, Miguel Ángel Calisto, afirmó que “eliminaron la multa para quienes no voten, buscando ganar las elecciones por secretaría“, aludiendo a que el sufragio voluntario favorecería a la izquierda.
Desde Renovación Nacional mantienen una postura similar. El diputado Miguel Ángel Becker, miembro de la Comisión de Gobierno, abogó por restablecer esta indicación. “Un voto obligatorio sin multa es un voto voluntario. Yo espero que el Senado vuelva a la cordura. Creo que están sacando cuentas alegres, a propósito de tener un voto voluntario, el Partido Comunista y el Frente Amplio”, afirmó.
Otra votación que ha generado bastante polémica, pero que sí fue aprobada, es la que establece la rebaja del dinero de reembolso que candidatos y fuerzas políticas reciben por cada voto efectuado, pasando de mil 500 a 975 pesos. Propuesta del Gobierno que responde al desembolso fiscal que tendría que realizar el Estado ante el voto obligatorio que se prevé provoque un aumento en el número de los sufragios. Norma que no encontró respaldos en la UDI, donde hubo abstenciones, ni nuevamente en el PS.
En respuesta, el diputado gremialista, Guillermo Ramírez, sostuvo que “el miedo que me da, de reducir mucho el rembolso por votos, es que finalmente los que se ven beneficiados son los diputados, senadores, alcaldes, que están en el cargo y que van a la reelección, porque ellos tienen durante cuatro años la posibilidad de tener campaña, de tener una oficina parlamentaria, de poder trabajar con los vecinos, los únicos que se ven perjudicados con el menor rembolso son los desafiantes”.
Mientras que Soto (PS), indicó que “los que aprobaron esta reducción del reembolso fiscal, probablemente evalúan positivamente la donaciones privadas para campaña, los que se benefician con las rebajas del monto fiscal son los que tienen financiamiento propio para campaña electorales o financiamiento de empresarios para sus campañas, y eso es malo para nuestra democracia”.
En este contexto, el diputado independiente y presidente de la comisión de Gobierno, Rubén Oyarzo, cuestionó esta decisión y acusó una estrategia del oficialismo: “La estrategia es no rebajar el valor del voto, incluso la diputada (Sofía) Cid presentó una indicación que era rebajar los votos para alcaldes y gobernadores a 700 pesos, y también la rechazaron, siendo que tenemos una crisis hoy de alzas de la luz, donde necesitamos aumentar el subsidio, pero ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Aquí hay una inconsecuencia del oficialismo tremenda“.
El proyecto pasa ahora a su tercer trámite constitucional y comenzará a ser revisada la tarde de este martes por el Senado. De reponerse en esta instancia, tendrá que asistir una comisión mixta para zanjar la definición entre ambas cámaras.
