La Marcha del Orgullo tuvo dos motivos para enorgullecerse.
La víspera de la Marcha del Orgullo, el presidente, Rodrigo Chaves, al estilo herodiano, ofreció en bandeja de plata las cabezas de la ministra de Cultura y del comisionado de inclusión social a Fabricio Alvarado, amén de anular la declaratoria de interés cultural de la actividad.
Su arremetida, sin embargo, no desanimó a la gente y, tras la tormenta presidencial, miles de arcoíris aparecieron el domingo con un mensaje inequívoco: nadie tiene derecho a imponer sus creencias religiosas a los demás.
Eran arcoíris grandes, pequeños y gigantes, amarrados al cuello o estampados en camisetas o en la piel. No hubo policías de tránsito y tampoco hicieron falta.
Este año, la Marcha de la Diversidad, como se le llama en Costa Rica, tuvo dos motivos de gran trascendencia. El primero, la lucha continúa (¡quién iba a pensarlo!) por los derechos de las personas LGTBIQ+; y, el segundo, la rebeldía contra la actuación de un gobierno cuyos principios, si no le gustan a alguien, los sustituye por otros.
Cuando impera el anhelo de controlar coactivamente las relaciones sociales, el paso es corto hacia la discriminación (homofobia esta semana; de otro tipo, más adelante) y la persecución.
La justificación del despido de la ministra de Cultura Nayuribe Guadamuz y del comisionado de inclusión social Ricardo Sossa Ortiz fue la declaratoria de interés cultural para la marcha sin la autorización del presidente o su despacho, dice el comunicado de prensa.
La falacia es tan obvia como muchas otras a lo largo de este mandato, pues el documento lo firmó el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle.
Rodríguez Bogle no es el presidente, pero posee la misma autoridad para estampar su “firmita” en ciertos papeles con el propósito de que el mandatario pueda concentrarse en otras funciones.
Entre tales funciones parece estar, para ilustrarlo, la persecución, muy probable en el despido de 11 funcionarios de Bomberos la semana pasada. Casualmente, quienes habían denunciado irregularidades en la institución, entre ellos, el esposo de la exministra Patricia Navarro, quien dio a conocer cómo se gestó un contrato, aparentemente “a dedo”, con la empresa de Christian Bulgarelli utilizando fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Marcha de la Diversidad, por si fuera poco, fue ejemplar en otro aspecto: ni siquiera las empresas impulsoras del orgullo del presidente, la llamada “economía jaguar”, se dejaron asustar. Ahí estaban los vehículos identificados con los logos de Amazon, Intel, HP, Boston Scientific y otros.
Incluso Moody’s envió a sus representantes, quienes, estando ahí, simbólicamente calificaron a los costarricenses comprometidos con los derechos humanos con una nota triple A, es decir, la de máxima solvencia, en el caso del domingo, moral.
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La autora es editora de Opinión de La Nación.
