El abogado constitucionalista Manrique Jiménez Mesa aseguró que el gobierno propuso incluir el cierre de la Defensoría de los Habitantes dentro de la propuesta de referéndum; sin embargo, esta idea terminó siendo descartada y no se incluyó en la “ley jaguar”.
Jiménez recordó que la propuesta preliminar contemplaba cuatro temas: Ciudad Gobierno, le venta del Banco de Costa Rica (BCR), la reforma a la ley de generación eléctrica y el cierre de la Defensoría.
Según explicó el abogado a La Nación, él conoció el planteamiento de la mano del presidente Rodrigo Chaves, durante una visita que efectuó a Casa Presidencial por invitación de Natalia Díaz, exministra de la Presidencia. Ahí, el mandatario le comentó los temas que el Poder Ejecutivo había evaluado.
El encuentro se realizó en Zapote a finales de abril, durante la misma semana en que Jiménez acudió a la Asamblea Legislativa para aclarar consultas de los diputados sobre la reforma a la Ley de Contratación Pública, texto que fue retomado en la “ley jaguar.
“Él (Chaves) me comentó que se había manejado el tema del cierre de la Defensoría, pero me dijo que eso estaba desechado y yo dije que definitivamente eso no le veía ninguna viabilidad”, reconoció.
El abogado indicó que el presidente no le explicó las razones por las que se decidió dar marcha atrás con el cierre de la Defensoría, ni le detalló los motivos por lo que se pensó en llevarlo a referéndum.
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La propuesta para el cierre de la Defensoría fue revelada por el constitucionalista este martes 2 de julio en el programa radial Hablando Claro, dirigido por la periodista Vilma Ibarra y transmitido por Columbia.
En ese espacio, el abogado explicó que la idea de cerrar esta institución constituía un retroceso en defensa de derechos, contraria a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Estaríamos en contra del ejercicio y las normas básicas del desarrollo del desenvolvimiento de la jurisprudencia de la Corte IDH, del principio de control de convencionalidad, que hay que interpretar la norma en el sentido extensivo y progresivo”, aseguró.
Jiménez declinó la invitación del gobierno para integrar el grupo que participó en la propuesta final del referéndum, ya que consideró que la reducción de las potestades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República (CGR) era inviable desde el punto de vista legal.
El grupo asesor estuvo compuesto por el abogado y exdiputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth; el abogado, exdiputado y excontralor general, Álex Solís Fallas; los penalistas y exministros José Miguel Villalobos y Juan Diego Castro; así como el constitucionalista Fabián Volio y la ex subcontralora Sylvia Solís, quien es asesora a la diputada oficialista Pilar Cisneros.
Para esta nota, se solicitó la reacción de Casa Presidencial; sin embargo, no se contó con una respuesta al momento de publicación.
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