El Consejo Nacional de Derechos Humanos advirtió del aumento de los casos de suicidio entre los condenados por casos de extremismo y terrorismo, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Marruecos para el año 2023 bajo el título “Sentar las bases de un sistema nacional de la protección de los derechos económicos y sociales”.
Señala que la Delegación General para la Administración Penitenciaria y la Reintegración anunció el primer suicidio dentro de la prisión local de Oujda a finales de febrero de 2023; el segundo, a principios de marzo de 2023 dentro de su celda en la prisión local de Ras al-Ma en la ciudad de Fez; el tercero a finales de marzo del mismo año en la prisión de Salé; y el cuarto, el 7 de diciembre de 2023, en el interior de su celda de la prisión local de Larache.
El Consejo hizo constar que no fue notificado de todos los casos de huelga de hambre, que ascendieron a 1.357 según los datos recibidos de la Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción. Los motivos de 232 casos se debieron a las condiciones de detención, mientras que el resto. 1.125 casos estuvieron relacionados con motivos ajenos a las condiciones de detención, como protestas contra procesamientos, sentencias y decisiones judiciales.
Subrayó que la mayoría terminan a los pocos días de recibir la notificación y señaló que se hace un seguimiento del estado de salud de los presos en huelga de hambre durante largos períodos, realizando visitas sobre el terreno acompañados de médicos para garantizar que los reclusos se beneficien de todos los servicios médicos. servicios estipulados en la guía para la gestión de las huelgas de hambre en el país, no privarlos de ningún derecho por la decisión de huelga y tratar de encontrar soluciones.
Eplicó que él y sus comités regionales estudiaron y atendieron denuncias que contenían denuncias de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante el año 2023, que ascendieron a 152.
El Consejo destacó que sus comités regionales visitaron las instituciones que fueron fuente de denuncias de tratos crueles, y sus comités realizaron investigaciones y tomaron las medidas autorizadas por la ley, de acuerdo con una metodología específica y con respeto a los estándares internacionales al respecto.
Las comisiones de visita registraron que en 46 casos se alegaba exposición a abusos laborales aunque no ocurrió, pues señalaron que el motivo de estas denuncias se debía principalmente a la falta de goce de algunos derechos dentro de las instituciones penitenciarias, como la medicación, el uso de la visitas telefónicas y familiares, o beneficiarse de educación o formación profesional, o la adquisición de artículos personales en los almacenes de la institución penitenciaria.
Además de otros 65 casos que no están relacionados con denuncias de malos tratos al trabajador, pero sí con demandas como reclasificación, solicitudes de traslado o retención a la misma institución, cambio de celda y atención a medidas disciplinarias que fueron impuestas a algunos reclusos por cometer violaciones.
