El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto de oferta de empleo público para 2024, con más de 40.000 plazas. Según ha indicado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, con esta oferta de puestos para la Administración General del Estado se pone “un énfasis especial tanto en la atención a la ciudadanía como a la administración de Justicia y la administración local”.
“Superamos por primera vez los 40.000 puestos nuevos en plantilla, con lo que se consolida una situación en la cual triplicamos en los últimos años el aumento anual respecto a lo que ocurrió entre 2012 y 2017”, ha señalado el ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, que ha indicado que en términos de empleo neto España ha pasado de una pérdida anual de unos 5.000 trabajadores públicos en el periodo de 2012 a 2018 a un aumento neto de más de 9.000 para este año.
Como ya había anunciado Escrivá este mismo lunes, más de un 10% de plazas en la Administración General del Estado están reservadas para personas con discapacidad. Son un total de 3.147, de las que 600 irán destinadas a personas con discapacidad intelectual que, según ha indicado este martes en rueda de prensa, “siendo uno de los colectivos más vulnerables, es más difícil trabajar en su empleabilidad”.
Del total de 40.000 plazas, más de 10.000 son de promoción interna, con las que el Ejecutivo pretende configurar un “modelo en el que la trayectoria y las carreras profesionales de los trabajadores públicos se impulsen por distintas vías”. Además, el ministro ha destacado “un porcentaje muy significativo tanto en los cuerpos de seguridad del Estado como en las Fuerzas Armadas”. Serán en torno a 8.680 plazas.
Entre las posiciones que ha enumerado Escrivá durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, destaca el “refuerzo al ámbito local, con un impulso de más de 500 plazas a los habilitados nacionales”; la “cohesión social y las políticas inclusivas” con cerca de 3.000 plazas más; en transformación digital, con más de 2.000 plazas; y en torno a un millar más para instituciones penitenciarias. Además, a destacado aquellas destinadas a la atención a la ciudadanía y la justicia, con “casi 8.500 plazas en turno libre para el subgrupo C1 y C2” y “2.500 plazas históricas en la administración de justicia”.
El ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública se había marcado como objetivo recuperar el empleo perdido durante la crisis de 2008, unos 80.000 puestos, y acercar los datos a la media de la OCDE, en torno al 18,63%, dos puntos más que en España. Dentro de las medidas para corregir este desajuste, el Gobierno había anunciado la eliminación de la tasa de reposición a partir de 2025, el límite que imponía el Gobierno central a las ofertas de empleo público.
Con todo, desde el sindicato de funcionarios CSIF calculan que con esta nueva oferta de empleo público se produce una nueva pérdida de efectivos de personal laboral porque la Administración General del Estado “acumula un déficit de 43.000 plazas, correspondientes al periodo 2010-2020”. En la misma línea, hace ya un par de semanas criticaban “el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con cerca de 50.000 plazas sin cubrir”.
